UNAS 400 ORGANIZACIONES EXIGEN QUE LA ANDIS NO PASE AL MINISTERIO DE SALUD

Las personas con discapacidad definitivamente son uno de los sectores elegidos por el Gobierno nacional como blanco para sus ataques. En los primeros días de julio, en la última reunión de Directorio de Único de Prestaciones, presidido por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y a propuesta de la Superintendencia de Servicios de Salud, el gobierno nacional, dispuso el aumento irrisorio del 3% del nomenclador que determina las prestaciones para personas con discapacidad. En simultáneo el gobierno profundizó su campaña mediática de ataque a la política de pensiones por discapacidad. Campaña para la que no tuvieron inconvenientes en utilizar noticias falsas (mostrando un trámite de pensión en la que se había adjuntado una radiografía de un perro, que en realidad había sido rechazado y no se había otorgado). Y también el 4 de julio se publicó el decreto 585/24 que dispone el paso de Andis al Ministerio de Salud. Sobre este último punto, una gran cantidad de organizaciones nos manifestamos en contra de esta disposición, que implica un retroceso inexplicable y vulnera el modelo social y la perspectiva de derechos humanos plasmado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que el Estado está comprometido a respetar. En esta nota compartimos el comunicado que adherios junto a unas 400 organizaciones de todo el país.

"Mirá personas, no diagnósticos" dice este cartel que lleva una persona durante una de las marchas por el derecho a la salud mental. Con esta medida, el gobierno nacional retrocede al menos 15 años, entendiendo la discapacidad desde una perspectiva meramente médico rehabilitadora.

A partir de una iniciativa de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), junto con otras más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos enviamos una nota formal al presidente de la Nación, Javier Milei, con copia al ministro de Salud de la Nación, Mario Russo y al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, para solicitar que deje sin efecto el decreto 585/2024, publicado el pasado 4 de julio, que en sus artículos 8 y 9 establece el traslado de la ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Esta norma es regresiva porque va en contra del modelo social de abordar la discapacidad, un enfoque que es obligatorio según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, tratado con jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014.

La Convención consagra un modelo llamado modelo social de la discapacidad, que se contrapone a la mirada médica, que entiende a la discapacidad como una enfermedad, un déficit, algo incompleto frente a lo que se considera hegemónico. En cambio, el modelo social considera que la discapacidad se construye por las barreras de todo tipo que genera la sociedad y que impiden el goce de los derechos a personas con determinadas características individuales.

Así, las sociedades fueron pensadas y diseñadas para un solo tipo de persona, con un determinado cuerpo, sistema de comunicación, forma de pensar, entre otras cualidades, y eso excluyó a quienes no se ajustan a ellas del ejercicio de sus derechos. Si las comunidades, en cambio, hubieran sido concebidas tomando en consideración la diversidad humana, las personas con discapacidad podrían vivir sin discriminación.

Por tanto, bajo el paradigma del modelo social, la discapacidad no es una cuestión de salud, sino una cuestión social y, al cabo, política, puesto que es la política la que debe remover las barreras o hacer que la sociedad las remueva.

Llevar la agencia encargada del diseño de políticas públicas en discapacidad a un área de salud le quita jerarquía y autonomía, sentido técnico específico y les da a las normas una perspectiva que tradicionalmente ha vulnerado derechos, y con ello implica un grave retroceso en los derechos conquistados y en las políticas públicas.

Resulta evidente que la ANDIS desarrolla muchas otras funciones que son completamente ajenas a las cuestiones sanitarias. Así, se vuelve a perjudicar a un colectivo históricamente desatendido, social y económicamente postergado.

Podés descargar la nota completa acá

Tenemos mucho por hacer. Apoyanos para seguir construyendo una sociedad más inclusiva.