Notas sobre el contexto que nos dejó el 2023 y lo que empezamos a transitar en el 2024

En este artículo hacemos un repaso sobre el contexto en el año 2023 y el primer mes del 2024, para un panorama político, económico, social, ambiental y de derechos de niños, niñas y jóvenes, y personas con discapacidad en Argentina.  Elaborado originalmente como anexo de informes de nuestros proyectos, que ejecutamos en el marco de relaciones de cooperación internacional, lo compartimos publicamente aquí con la intención de aportar al debate público. Estas notas de análisis crítico, que están basadas en un abanico plural de fuentes de información sólida y documentada, se sustentan en la perspectiva política que fundamenta el trabajo y desarrollo que impulsamos desde nuestra institución: el acceso y ejercicio igualitario de los derechos humanos y sociales, y el modelo social de la discapacidad.  Para nadie resulta una novedad que la situación social, económica, política en nuestro país, en permanente crisis en los últimos años, alcanzó en el último período una gravedad tal que, más allá de las diferencias, coloca a este presente a la par de los peores escenarios desde el retorno de la democracia.  Frente a los malos resultados de la gestión que finalizó en diciembre del 23 al frente de la administración nacional, irrumpió esta singular forma del extremo neoliberalismo conservador que encarna la libertad avanza, y que en poco más de dos meses ha contradicho su principal promesa de campaña: que el ajuste no lo iba a pagar "la gente", sino la "clase política privilegiada", (a la que denominó "la casta"). Desde que asumió el 10 de diciembre pasado ha llevado a la población en general (y en particular a los sectores medios y bajos de la sociedad) a un nivel de afectación real de las condiciones materiales de vida y de incertidumbre por el futuro próximo que pone en riesgo las bases elementales de la convivencia y vida social. La crisis además golpea de manera desproporcionada en sectores determinados, como las mujeres, los niños y niñas, los sectores populares y las personas con discapacidad, colectivos históricamente expuestos a mayores niveles de vulneración de derechos económicos y sociales. Frente a este panorama es imprescindible comprender que el tejido social, el encuentro, la articulación, las redes de cuidado, de contención, de apoyos, de solidaridad, de mutuo reconocimiento, de construcción social son fundamentales para no ceder en el individualismo y en el "sálvese quien pueda", que han sido las condiciones que posibilitado el régimen neoliberal instalado en el pasado (que desde entonces está presente como concepción de la realidad) y que vuelve a adquirir su mayor fuerza en este tiempo.

Crisis de deuda, inflación y pobreza

En el 2023 se cumplieron en nuestro país 40 años desde el retorno de la democracia.  Un aniversario que, en lugar de ser una celebración festiva por los avances en materia de derechos humanos (en particular políticos, cívicos y sociales) de estas cuatro décadas, se vivió en un escenario de crisis, apatía social, agotamiento colectivo y un inusitado grado de incertidumbre por el futuro.  El agravamiento de la crisis económica, (que en los últimos 10 años no ha vuelto a crecer sostenidamente) se evidencia en el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia, y sobre todo en la inflación que alcanzó niveles históricos. 

La imagen es ilustrativa, muestra un cuadro sobre el índice de precios al consumidor al mes de diciembre 2023, con el nivel general del 25,5% y desglosado en rubros: bienes y servicios varios, salud, transporte, alimentos, etc. Fuente: Indec. 

En el primer semestre del 2023 el 40,1% de la población estaba en situación de pobreza, (el 9,3 % en situación de indigencia). En agosto el FMI condicionó un nuevo desembolso acordado, a una mega devaluación, a la que el gobierno tuvo que acceder (inmediatamente después de las elecciones primarias) y que luego intentó contrarrestar con una batería de medidas sociales (que la oposición criticó como demagogia de campaña) que fueron destinadas a distintos sectores de una población muy fragmentada económicamente hablando (asalariados, asalariados no registrados, población en situación de pobreza, jubilados, etc.) Estas medidas contuvieron parcialmente el impacto de la devaluación y la inflación, que llevó a cerrar el año con un nivel de pobreza del 44,7% y el 9,6% de indigencia. El análisis del Observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina reconoce que, sin los programas de ayuda social del Estado, la indigencia hubiera alcanzado al 17,1% y la pobreza al 47,6%.  Y contradictoriamente estos índices se dan con un índice de desocupación relativamente bajo, que durante el año se movió entre 5,5 y 6 %.  Es decir, en nuestro país una importante franja de la población tiene trabajo formal y aun así es pobre. El nivel de informalidad laboral (empleo no registrado) de trabajadores no profesionales (es decir enfocando en la población con mayor vulnerabilidad) explica en parte esta contradicción: está entre el 45 y 47 % de la población con empleo, según estudios citados en esta nota. 

Pero sobre todo se explica por el dato más impactante de la economía argentina: la inflación. Según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación anual acumulada en el 2023 fue del 211%, los valores más altos en más de 3 décadas. Entre enero y julio promedió un 6 – 7 % mensual, en agosto y septiembre, con el efecto de la devaluación mencionada superó el 12%, en octubre fue del 8.3%, noviembre volvió a trepar al 12,8 %, y en diciembre, ya con el nuevo gobierno se disparó al 25,5%. Según de qué lado de la disputa política se encuentre el análisis se atribuyen responsabilidades al viejo o al nuevo gobierno: entre el impacto en precios de "la emisión descontrolada" para financiar las medidas sociales del viejo gobierno y la conjunción de mega-devaluación y liberación de precios, anunciada y finalmente ejecutada del nuevo. Las voces más pretendidamente equidistantes distribuyeron salomónicamente los motivos, entre ambos. Lo cierto es que hace tiempo que prácticamente se perdido para la población cualquier criterio de razonabilidad de los precios. Los que más aumentaron (por encima del nivel general) fueron del rubro alimentos: una suba del 251,3%, en el año. El rubro de la salud (medicamentos, medicina privada, etc.), quedó en tercer lugar con el 227,7 %, también por encima de la inflación general. Es decir, el impacto mayor repercutió en las clases populares y medias, que destinan una proporción mayor de sus ingresos para adquirir bienes y servicios de primera necesidad.  Como muestra esta nota periodística, durante el primer mes del gobierno de Milei (diciembre 2023), los salarios se desplomaron un 14 %. Finalmente, el 14 de febrero se conoció que el índice de enero 2024 fue del 20,6% y el incremento en los últimos 12 meses, del 254 por ciento. Este índice no incluye el efecto de los aumentos del boleto en todo el país, producto de la quita de subsidios del Gobierno de Milei, (incrementos que impactarán en febrero) ni los aumentos que se esperan en la educación, que incidirán en los números de marzo. 

Panorama político y retroceso en los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. 

El 2023 en Argentina estuvo atravesado por un largo e intenso proceso de elecciones que ocupó la escena política durante buena parte del año. Por el particular sistema de elecciones con varios pasos y momentos de campañas [1], y un calendario electoral que hizo que en el 2023 confluyeran todas las elecciones (nacionales, provinciales, municipales, para el poder ejecutivo y legislativo, renovándose en el caso nacional la mitad de la Cámara de Diputados, y un tercio del Senado) de casi todos los distritos del país (22 de las 24 provincias) desde abril (incluso con elecciones desde febrero en algunas provincias) hasta diciembre (toma del poder del nuevo gobierno) la agenda política y comunicacional estuvo dominada por este proceso que culminó en la irrupción y triunfo del Partido La Libertad Avanza que llevó al gobierno nacional al ultraderechista Javier Milei.  Su victoria de más de 10 puntos en el ballotage contrasta con una posición muy débil en ambas cámaras del poder legislativo y sin ninguna gobernación de partido propio, más allá de las alianzas con el Pro del macrismo. 

El triunfo de Milei se ha explicado por un lado por la crisis económica descripta y la falta de respuestas y credibilidad de las opciones progresistas, de centro e izquierda; y por otro por las dinámicas comunicacionales y políticas globales y locales (las manipulaciones en los regímenes de verdad en los discursos de los medios y redes sociales, el auge de las opciones conservadoras y los discursos de odio, etc.). En consecuencia, en el nuevo gobierno confluyen el neoliberalismo más radicalizado (Milei se autodefine como “anarco-capitalista” y “liberal libertario”, no cree en el Estado, adscribe a la escuela austríaca de economía, tiene entre sus “ídolos” a Margaret Tatcher y en su plan de gobierno incluye el cierre del Banco Central y la dolarización) y sectores reaccionarios antiderechos (con especial encono contra el feminismo, las organizaciones sociales y de DDHH, las organizaciones ambientalistas, los migrantes y comunidades indígenas) negacionistas de la dictadura, y actores centrales del poder económico nacional, o ligados a grandes corporaciones globales, particularmente financieras y tecnológicas. Sus propuestas han calado con potencia particularmente entre jóvenes varones, y aquellos sectores populares que no vieron cumplirse las promesas de un Estado social de derecho en la última década.

El plan de gobierno incluye liberalizar a ultranza la economía, achicar y correr el Estado de cualquier tipo de regulación y presencia social como garante de derechos (aunque con una mayor presencia del aparato represivo) y tuvo en diciembre y enero los primeros hechos: una mega devaluación del 118%, un Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (DNU) que modifica más de 300 leyes, que implica retrocesos graves de derechos en muchos ámbitos (laboral, salud, vivienda, ambiente, clubes deportivos, etc.), que acumula múltiples denuncias de inconstitucionalidad, que sólo parcialmente (en algunos puntos vinculados al ámbito del trabajo) está suspendido por la justicia, que debe ser tratado en el Poder Legislativo para su aprobación o rechazo (se espera en febrero de 2024) pero que mientras tanto está vigente. Y una mega ley (apodada ley ómnibus) que entre sus 600 artículos incorpora privatizaciones de empresas públicas estratégicas, una enorme cantidad de desregulaciones, la declaración de emergencia económica, sanitaria y de varios tipos más (pero no social), y hasta la ratificación del propio DNU.  Pero sobre todo la suma de facultades extraordinarias para el ejecutivo.

Luego de un mecanismo de debate acelerado, de debate express, que inicio en enero del 24, que claramente no se ajustó a los plazos necesarios para un debate público adecuado, de cara a la sociedad, y en cambio se prestó a las negociaciones "de puertas cerradas", (y siendo el gobierno una fuerza minoritaria en el congreso) el intento del gobierno de imponer el proyecto de ley (que a su vez acumuló múltiples errores, correcciones, reformas, adendas y recortes) terminó fracasando ante la oposición, y decidió en febrero retirar el proyecto de ley, prometiendo un mayor ajuste (a la población y las provincias) y gobernar sin el congreso. 

El nuevo gobierno, en suma, ha llevado a la población en general (y en particular a los sectores medios y bajos de la sociedad) a un nivel de afectación real de las condiciones materiales de vida y de incertidumbre por el futuro próximo que pone en riesgo las bases elementales de la convivencia y vida social. La crisis además golpea de manera desproporcionada en sectores determinados, como las mujeres, los niños y niñas, los sectores populares y las personas con discapacidad, colectivos históricamente expuestos a mayores niveles de vulneración de derechos económicos y sociales.

Discapacidad y salud mental.

En enero de este año, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, en conjunto con el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, publicaron un informe conjunto en el que sintetizaron las principales afectaciones a los derechos de las personas con discapacidad y las personas usuarias de servicios de salud mental, provocados por las primeras medidas económicas de las políticas del gobierno libertario, la publicación del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 70/2023 y el (luego malogrado) proyecto de Ley Ómnibus, medidas que calificaron como "arbitrarias, anticonvencionales, anticonstitucionales" y que "introducen un fuerte sesgo mercantilista, discriminatorio y desregulatorio".  Entre las medidas económicas el informe resaltó (además de las políticas que afectan la población en general) la no actualización adecuada de los aranceles por las prestaciones para personas con discapacidad: transporte, servicios de apoyo para la inclusión, centros de día, etc. así como la suspensión de entrega de medicamentos y prestaciones profesionales interdisciplinarias y de apoyos del Programa Incluir Salud.  Lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los prestadores (instituciones, transportistas, profesionales independientes, etc.), y en consecuencia peligra el acceso de las personas con discapacidad a estos servicios necesarios para sostener su calidad de vida.  En febrero 2024, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, actualizaron a través de la Resolución Conjunta 1/2024, el valor de los aranceles vigentes en un 20% para el mes de enero de 2024 y un 10% para febrero.  Desde las principales organizaciones del sector se rechazó este aumento por insuficiente.  En diversas oportunidades el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad manifestó que “el aumento de aranceles de las prestaciones de un 32% (...) no cubre los aumentos de sueldos, precios de insumos, alimentos y combustible. Y esto se paga recién entre 60 y 90 días”

El documento elaborado por la Mesa y el Observatorio también denuncia el retroceso que implica que los principales cargos de gestión y toma de decisión en políticas públicas no sean ocupados por las propias personas con discapacidad: "el funcionario recientemente nombrado al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), (...) no sólo no es parte del colectivo (...), lo que de por sí vulnera la histórica demanda de que esos lugares de toma de decisiones sean ocupados por personas con discapacidad formadas en la gestión pública, en el marco del derecho a la participación política y el protagonismo efectivo en materia de política pública, sostenido en el estándar internacional de derechos humanos (y consigna global del movimiento): “nada de nosotros/as sin nosotros/as”; sino que además no tiene ningún vínculo reconocido con la discapacidad ni trayectoria pública en la materia". El informe cita una nota periodística que advierte: “Diego Spagnuolo (…) no tiene pergaminos ni estudios ni antecedentes en la materia sobre la que le toca gestionar, pero sí ostenta en la hoja de su CV una cualidad determinante: es el abogado personal de Javier Milei, al que representó en varias causas.” 

La foto muestra un niño de espaldas, durante la Marcha por el Derecho a la Salud Mental, con un cartel que dice "La salud mental no se negocia".

Sobre el DNU, el informe centraliza las principales preocupaciones, además de que normas de tal gravedad se lancen sin ningún tipo de consulta, y en particular a espaldas de sectores que se verán afectadas (como las personas con discapacidad), en la desregulación de la salud privada y las empresas de medicina prepaga, y el riesgo que estas pongan un costo diferencial en las cuotas a personas con discapacidad, lo que en suma es "la posibilidad de realizar actos discriminatorios contra las personas con discapacidad que requieren más prestaciones".

El nuevo gobierno, en suma, ha llevado a la población en general (y en particular a los sectores medios y bajos de la sociedad) a un nivel de afectación real de las condiciones materiales de vida y de incertidumbre por el futuro próximo que pone en riesgo las bases elementales de la convivencia y vida social.

Además, el informe señalaba las principales afectaciones que el proyecto de Ley ómnibus presentaba en relación a la salud mental.  Mientras se sucedía el debate legislativo, el capítulo en cuestión fue retirado por el gobierno, y como ya se ha dicho, el proyecto completo finalmente fue retirado.   Sin embargo, el propio gobierno prometió volver a girar un proyecto específico sobre salud mental en el período de sesiones ordinarias.  En el artículo "Más libertad con más encierros", el Observatorio resumió en cinco puntos lo más importante de la reforma sanitaria que planteaba el proyecto de ley, y que podría ser el futuro intento: habilitar internaciones compulsivas decididas por un juez y no por un equipo de salud (cuando los jueces NO están capacitados para tomar decisiones sanitarias sino para velar por la garantía de los derechos de las personas); avalar la existencia de manicomios y comunidades terapéuticas y permitir internaciones prolongadas en estas instituciones de encierro (que además de ineficientes han demostrado ser iatrogénicas y violatorias de derechos, al cronificar los padecimientos y profundizar la marginación social); plantear criterios de internación involuntaria que exceden el resguardo de la salud de las personas, al incorporar –además del criterio de riesgo cierto e inminente- los pedidos de internación por parte de familiares o la persistencia de causas que generaron esa situación (cuando esas “causas” deberían abordarse con estrategias interdisciplinarias e intersectoriales y no con una limitación indefinida de la libertad de las personas), restringir el derecho a la defensa, al permitir que los abogados defensores vayan en contra de los intereses de sus defendidos y se opongan a su externación, socavar la garantía de derechos de las personas internadas, al eliminar del Órgano de Revisión Nacional a las entidades gubernamentales de contralor (el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos) y restringir el monitoreo de la sociedad civil (anteriormente incluido mediante las asociaciones de personas usuarias, familiares y organismos de derechos humanos).

Entre noviembre y diciembre de 2023 lanzábamos "Democracia 40 años", nuestra campaña conjunta con Cecopal, y apoyo de tdh Alemania, para valorizar y defender los valores y conquistas históricas de los cuarentas años de democracia en Argentina.

Los derechos ecológicos

El nuevo gobierno también significa un grave riesgo para la cuestión ambiental, mientras que en el gobierno anterior (y en lo que podría haber sido un gobierno de Massa), la discusión giró en torno a las contradicciones entre el discurso cercano al cuidado ambiental y el respeto de los derechos ecológicos, y las urgencias económicas que hacen que el país busque en los proyectos extractivistas, en la agroindustria, la mega minería y los hidrocarburos (particularmente yacimientos de petróleo y la promesa del litio), para atraer dólares y sanear una economía en crisis.  Como dice este informe, con Alberto Fernández como presidente, el país se había comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 26%, definiendo la lucha contra el cambio climático como “una política de Estado”, al tiempo que las protestas ciudadanas ponían el foco en proyectos mineros, petrolíferos y agroindustriales.    

En el caso del gobierno “libertario” confluyen la negación de la evidencia científica sobre la crisis ambiental (ya en enero del 24 el presidente Milei repitió en el auditorio de Davos lo que en el país se le venía escuchando: que el cambio climático es una mentira más de la agenda socialista global, como ha calificado a la Agenda 2030, en sintonía con el discurso de Trump, Bolsonaro y otros) En uno de los debates presidenciales había adelantado: “No vamos a adherir a la Agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, a la decadencia”, con una política de entrega de los recursos naturales (así como las empresas estatales, infraestructura, etc.) a los capitales internacionales. 

En cuestiones ambientales, el proyecto de Ley ómnibus (finalmente, malograda en febrero 24, pero sobre lo cual volverán), principalmente pretendió modificar tres leyes regulatorias en materia de medio ambiente: la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema.

Fotograma del video sobre Derechos ecológicos, de la campaña "Democracia 40 años"

En conclusión, en el contexto que atravesamos durante el 2023 resaltó como línea central un empobrecimiento general de las condiciones económicas, sociales y ambientales de la población. El grado de agotamiento y afectación a la salud mental en términos colectivos ha sido evidente.  Y el corolario anunciado de este proceso de pauperización general fue la llegada al gobierno de la opción de una extrema derecha que reeditó viejas recetas: ajuste económico que prometió solo caería sobre “la casta” (como apodó Milei a la clase política) pero que ya golpea a toda la población, el retroceso generalizado del Estado como garante de derechos y regulador de relaciones asimétricas y la actualización del sistema represivo contra la protesta social.  Al mismo tiempo, ante este escenario de retrocesos, los sectores populares se encuentran con un mayor grado de organización y movilización que en otros momentos de la historia, y los discursos y palabras claves que recorren las organizaciones, movimientos, redes, así como en los medios populares y redes sociales, hablan de solidaridad, contención, cuidados, redes, y resistencia.

Notas:

[1] - El sistema de elecciones consta (a nivel nacional y en la mayoría de las provincias) de tres momentos: las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en las que se definen las candidaturas de cada partido (internas abiertas), las Elecciones Generales (en la que compiten las propuestas que superaron el “piso” de las PASO, y en caso que no pueda haber ganador en primera vuelta (que no supere el 50 %, o el 45 % y supere por más de 10 puntos al segundo) se realiza una tercera elección o ballotage entre las fuerzas que salieron en primer y segundo lugar.

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