El 3 de diciembre pasado, en el marco de la conmemoración del Día internacional de las personas con discapacidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado instando a los Estados de la región a avanzar en políticas, reformas y medidas que garanticen el derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones, y que cumplan definitivamente con los mandatos de desinstitucionalización presentes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) y otros tratados internacionales de derechos humanos, así como en las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud ante la pandemia de COVID-19 (por el significativo riesgo de contagio que presentan los grandes hogares o los hospitales neuropsiquiátricos) Aquí compartimos y comentamos este llamado regional.
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| Cartel: Salud Mental es Derecho a elegir. Taller de decisiones. Actividad Premarcha 2018 |
Sin embargo, a 10 años de la LNSM, a cinco del "nuevo" código y a poco de que la Convención cumpla 15 años, no se ha avanzado adecuadamente en las prácticas: el viejo modelo de sustitución de la voluntad, basado en criterios de incapacidad prescriptos en el diagnóstico médico, convive con los intentos genuinos de avanzar en la creación de sistemas de apoyos que ayuden a las personas a tomar sus propias decisiones en la vida. El resultado es que muchas veces hay un cambio de nombre (de curadores a apoyos) sin un cambio real en el ejercicio.
Y también persiste un sistema de prestaciones basado en un modelo médico - rehabilitador que, más allá de proyectos específicos institucionales, tiende como estructura a la segregación y la dependencia, antes que a la inclusión - participación plena de la persona en la sociedad. Y un sistema de salud mental basado en la atención en hospitales monovalentes: al no haber avanzado en dispositivos sustitutivos del manicomio, el despliegue de un modelo de atención comunitario, medidas de reparación y políticas generales de acceso a derechos para personas con discapacidad intelectual y psicosocial; las internaciones no son la última alternativa terapéutica como lo indica la ley.
Por todo esto en lo que respecta a nuestro país, el comunicado felicita por los avances legislativos pero advierte sobre la vigencia de estas barreras y contradicciones entre las leyes y los hechos: "hace un llamado a la adecuada implementación de estos instrumentos, promoviendo la participación efectiva de las personas con discapacidad en todos los espacios y niveles de toma de decisiones".
El comunicado insiste en la necesidad de eliminar figuras legales y prácticas que limitan la decisión de las personas, afectando incluso los derechos sexuales y reproductivos. Además advierte sobre la situación general del colectivo en el marco de la pandemia, quienes sufren un impacto desproporcionado de los efectos negativos, tanto en los números de contagios y fallecimientos, como en los efectos económicos y de vulneración de derechos en este tiempo. A continuación compartimos el comunicado completo.
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| Foto: imagen de varias pancartas que dicen Tengo derecho a trabajar, a tener pareja, etc. |
La CIDH llama a los Estados a adoptar medidas especiales para garantizar la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos
(Publicado originalmente aquí)
- A propósito del día internacional de las personas con discapacidad, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados a
adoptar medidas especiales para garantizar la capacidad jurídica plena de
las personas con discapacidad, incorporando un enfoque de derechos humanos.
Asimismo, urge a los Estados a erradicar las diferentes formas de
discriminación y estigmatización contra las personas con discapacidad,
especialmente, a través de políticas que promuevan su
desinstitucionalización.
La Comisión ha señalado que las personas con discapacidad son sujetos de
derecho en igualdad de condiciones, por lo tanto, poseen capacidad jurídica
plena y la facultad de elegir sobre todos los aspectos de su vida.
Adicionalmente, según el entendimiento de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el modelo clínico-asistencialista con el cual se ha comprendido
tradicionalmente la discapacidad, ha profundizado las situaciones de
vulnerabilidad. En este sentido, los órganos del Sistema Interamericano han
subrayado la necesidad de abordar la discapacidad desde el modelo social, a
través del cual se promueve un modo de vida independiente de las personas
con discapacidad, atendiendo en todo momento a los principios de la
dignidad, autonomía, igualdad y no discriminación.
En este marco, la CIDH saluda las legislaciones de
Perú,
Costa Rica,
Argentina
y
Colombia
que avanzan hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las
personas con discapacidad, en línea con las obligaciones internacionales de
los Estados. Igualmente, hace un llamado a la adecuada implementación de
estos instrumentos, promoviendo la participación efectiva de las personas
con discapacidad en todos los espacios y niveles de toma de decisiones.
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| Imagen: sobre el asfalto, dibujado con tiza un corazón y la leyenda "Respeto por la diversidad" Fuente: 5ta Marcha por el derecho a la salud mental. |
Por otra parte, la Comisión ha recibido información que da cuenta de la
persistencia de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad
para el ejercicio autónomo de sus derechos. Además de la discriminación
histórica y estructural que enfrentan y que se expresa de diversas formas,
las organizaciones denuncian la persistencia de figuras legales que
menoscaban su capacidad jurídica, así como la continuidad de tratamientos
médicos e internalizaciones forzosas.
Asimismo, la Comisión recibió información sobre los riesgos
desproporcionados que enfrentan las personas con discapacidad en el contexto
de la pandemia. Particularmente, las que se encuentran institucionalizadas
enfrentan una probabilidad mayor de contagio de COVID-19, que se suman a
otros riesgos como, por ejemplo, sufrir torturas y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes, como medicación y esterilización forzosa.
La CIDH recuerda que las personas con discapacidad deben ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones y contar con la facultad de elegir su
propio proyecto de vida. Por consiguiente, hace un llamado a los Estados de
la región a adoptar medidas especiales para garantizar el ejercicio de su
capacidad jurídica y redoblar los esfuerzos en la construcción de un
efectivo
sistema de apoyo
conforme al modelo social de la discapacidad. Por último, la CIDH insta a
los Estados de la región a promover políticas de desinstitucionalización con
enfoque de derechos humanos, para que las personas con discapacidad puedan
vivir de forma autónoma e independiente.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana
tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos
por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus
países de origen o residencia.
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| Foto: un hombre sin piernas manejando un triciclo en una calle con más personas. Fuente internet. |
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