Preocupa el desfinanciamiento de las organizaciones que brindan servicios para personas con discapacidad. Desde el foro que nuclea a diversas organizaciones y federaciones solicitan un aumento de emergencia del 40 % en los aranceles para las prestaciones de discapacidad. En esta nota actualizamos la situación que atraviesa un sector golpeado por años de crisis y por las consecuencias de la pandemia.
Desde el Foro permanente Discapacidad Promoción y Derechos lanzaron un nuevo comunicado y un video de difusión para generar visibilidad y presión en torno a la situación que atraviesan las organizaciones que brindan prestaciones para personas con discapacidad. La nota comienza destacando el trabajo asumido durante este año por profesionales, transportistas y organizaciones, desde las residencias que se adaptaron a los protocolos sanitarios a las nuevas experiencias asumidas por las demás formas prestacionales (Escuelas, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día, Servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar, Centros de Rehabilitación, Centros de Estimulación Temprana) que "cerraron las puertas pero abrieron las pantallas", desde donde brindan "todo tipo de asistencia (educativa, emocional, terapéutica)" para las personas con discapacidad y sus familias; y las personas y empresas que brindan servicios de transporte, "que dejaron de trasladar a las personas a sus espacios diarios, comenzaron a trasladar alimentos y material de trabajo para quienes no tienen conectividad, enviado desde las instituciones".
El principal planteo del comunicado ya venía siendo manifestado por el foro en comunicaciones anteriores: "los aranceles de los servicios no se actualizan desde octubre de 2019 y acumulan deudas que no paran de crecer", para lo cual se reclama una actualización urgente: "se necesita un aumento de emergencia del 40% para que no se cierren las pantallas, para que las puertas puedan volver a abrirse cuando todo esto pase".
De hecho, la situación más crítica hoy es dada por la falta de actualización de los montos que las obras sociales y las prepagas deben abonar por las prestaciones brindadas a sus afiliados. La actualización es fijada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que históricamente establecía en promedio dos actualizaciones anuales, siguiendo los aumentos en los costos de prestadores y en general el índice inflacionario. Sin embargo, en los últimos años ya no se ha dado de esa manera: no se ha actualizado de manera acorde a la inflación o los gastos que deben afrontar las instituciones, y particularmente en relación a los aumentos de paritarias de honorarios.
Con el arrastre de una crisis en el sector de los últimos años, y el agravamiento del contexto a partir de la irrupción de la pandemia, la situación que atraviesan hoy las organizaciones y profesionales que brindan servicios para personas con discapacidad, un campo amplio que incluye centros educativos, equipos de apoyo a la inclusión, centros de día, centros de rehabilitación, transportistas, terapeutas y profesionales, llega a una situación de gravedad que pone en peligro nuevamente la subsistencia.
En una comunicación de agosto, titulada "Discapacidad en emergencia" el foro había manifestado que "quienes brindan atención y servicios a las personas con discapacidad comprenden la emergencia sanitaria y económica que atravesamos en el país y en el mundo", y que "desde hace muchos años arrastran un proceso de desfinanciamiento: atraso de aranceles e incumplimiento de pagos de prestaciones brindadas".
Con el arrastre de una crisis en el sector de los últimos años, y el agravamiento del contexto a partir de la irrupción de la pandemia, la situación que atraviesan hoy las organizaciones y profesionales llega a una situación de gravedad que pone en peligro nuevamente la subsistencia.
Desde Apadim Córdoba también analizamos de manera similar el devenir de este contexto en los últimos años. La depreciación de la facturación frente a los aumentos de paritarias y el índice de precios (que también incide en el resto de las erogaciones institucionales), ha afectado la situación económica de las organizaciones y profesionales prestadores en estos años. Y la pandemia vino a agravar la situación general porque, aunque el actual gobierno haya afortunadamente definido una política de acompañamiento a los prestadores de discapacidad, reconociendo y garantizando la cobertura de las prestaciones virtuales, y en las condiciones habilitadas; no se han visto señales que permitan vislumbrar en el corto plazo la necesaria actualización de los montos de las prestaciones. Atender la situación del sector es necesario y urgente.
Tenemos mucho por hacer. Apoyanos para seguir construyendo una sociedad más inclusiva. Aquí te contamos cómo.
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