Desafíos de la nueva gestión de la Andis

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) invitaba hoy a un acto en el que se presentaban sus nuevas autoridades. Habían asumido los primeros días de enero, al cumplirse el primer mes de mandato del actual gobierno y en un escenario complejo para el campo de la discapacidad. El abogado Claudio Espósito es el responsable de la nueva gestión, que comenzó teniendo que hacerse cargo de la enorme deuda del Programa Federal Incluir Salud con instituciones y prestadores que dejó como herencia el gobierno anterior.  Una encuesta que circuló días atrás muestra las situaciones que atraviesan las organizaciones. El panorama de la situación actual y los desafíos de la nueva gestión, en esta nota.

Claudio Espósito, en una entrevista televisiva (captura de video)

La primera aparición pública del nuevo Director Ejecutivo de la Andis fue, días atrás, una reunión con representantes de instituciones, federaciones de prestadores, transportistas y profesionales a quienes la Agencia les adeuda el pago de prestaciones a personas con discapacidad beneficiarias del Programa Incluir Salud. Son algunos de los miles de prestadores y trabajadores de todo el país que están en situaciones similares.  En esa reunión Espósito presentó los grandes trazos de una suerte de plan de pagos para saldar las deudas, comenzando por “los que menos tienen del interior y continuaremos viniendo a la capital”. “Nos tomamos este primer año, dentro de la emergencia, para reparar” expresó el funcionario, que es papá de una niña con discapacidad, especialista en derechos humanos y referente dentro de las organizaciones de personas con discapacidad.

Una deuda que llegaría a ocho mil millones de pesos.

Durante los últimos años en todo el país se multiplicaron movilizaciones y reclamos de personas con discapacidad, transportistas e instituciones dedicadas a brindar servicios a personas con discapacidad. El centro de estos reclamos fue ocupado por los recortes en las pensiones no contributivas, las trabas en los expedientes de nuevos pensionados, la burocratización en estos trámites que dejó a muchos beneficiarios afuera y la impactante deuda que el anterior gobierno nacional fue contrayendo y acrecentando desde el 2017 con cientos de instituciones y prestadores de todo el país, por prestaciones brindadas a personas con discapacidad pensionadas, beneficiarias del Programa Federal Incluir Salud.
En la reunión mantenida con representantes de prestadores, se conoció que el total de la suma adeudada superaría los ocho mil millones de pesos.  En un comunicado de prensa emitido por AIEPESA, organización que nuclea a institutos educativos privados especiales, se hizo mención a esta suma y a una suerte de plan de pago esbozada por el funcionario a cargo de la nueva Andis: “el Dr. Claudio Espósito ha reconocido la crítica situación (…) y ha prometido comenzar a saldar la deuda en los próximos días”. La meta de la nueva gestión, según este comunicado, es pagar el resto “en un plazo de dos meses”.

Las consecuencias de la deuda en las instituciones.

También se hicieron públicos los resultados de una consulta a instituciones organizada por la Asociación Andar y la Federación de Talleres Protegidos (FeTaP). Se trató de una encuesta voluntaria online que, en sólo 4 días de enero, incluyendo un fin de semana recogió 376 respuestas de instituciones y prestadores de servicios de diversas regiones del país.
La consulta abordó los efectos que la deuda de Incluir Salud derivó en distintas situaciones que atraviesan las instituciones que brindan servicios a personas beneficiarias del programa federal incluir salud, desde el punto de vista de sus economías institucionales.  Si bien la encuesta no tuvo pretensiones de rigurosidad estadística, por las condiciones en las que fue elaborada, los resultados ilustran claramente las situaciones que viven prestadores de todo el país. Así lo manifiesta el informe final de este estudio: “surge de la necesidad de responder en forma urgente a una solicitud de información realizada por nuevo director de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre el estado de situación de los prestadores que brindan servicios a destinatarios del programa Incluir Salud”.

Instituciones atravesadas por deudas y conflictos laborales 

La primera pregunta abordó la situación de posibles deudas de las instituciones con la AFIP, con sus trabajadores o frente a los servicios, o que se encuentran en riesgo de no poder pagar las obligaciones del primer mes del 2020. Del total de los consultados, el 93 % afirmó que al menos está con alguna de estas situaciones: o mantienen deuda con AFIP del año 2019, o sueldos adeudados correspondientes al año 2019, o enfrentan la imposibilidad de pago de AFIP o de sueldos en enero 2020.  Y también un 26 % de los consultados reconocieron que adquirieron créditos para pagar AFIP y/o sueldos.  Sólo el 7 % de quienes respondieron afirmaron que se encontraban sin estos problemas.
La segunda pregunta se refirió al estado actual del servicio, allí las opciones fueron: Cerro o llamó a concurso en 2019, está próxima a cerrar; se encuentra con conflictos laborales, atraviesa otros tipos de conflictos o funciona hasta ahora sin ninguna de estas situaciones.

Gráfico: Cantidad de problemáticas según prestador. Sólo el 7 % de los consultados refirieron no tener estas situaciones.

Si bien de las 376 instituciones que respondieron sólo seis reconocieron que han cerrado el servicio o llamaron a concurso de acreedores (aunque es previsible que otros prestadores en esta situación no hayan tenido acceso a esta encuesta) unas 58 organizaciones visualizan el cierre como una posibilidad cercana en el tiempo si no se resuelve la problemática y el 42% de las instituciones revelaron que tienen conflictos laborales. Finalmente, un 22% de los consultados subsisten con otros tipos de dificultades, como recortes en la cantidad de servicios brindados, menor asistencia de personas con discapacidad por recortes del transporte, despidos y reducción de puestos de trabajo, disminución en el mantenimiento de infraestructura y recursos, endeudamiento constante con proveedores y entidades financieras, e imposibilidad de cubrir incrementos salariales.

Gráfico. Cantidad de prestadores según condición: Funciona normalmente, con conflictos laborales, próxima a cerrar, cerró 2019, llamó a concurso 2019, otras problemáticas y recortes.

La consulta además indagó sobre las cantidades de trabajadores/as empleados/as y la localización en las distintas provincias. Como dato saliente, sólo las 376 Instituciones y servicios prestacionales que respondieron generan aproximadamente 15400 puestos de trabajo.  En su mayoría, unas 214 organizaciones del total de la muestra, son organizaciones pequeñas y medianas, que generan entre 20 y 40 puestos de trabajo.

El Servicio Nacional de Rehabilitación, dependiente de la Andis tiene 1668 prestadores registrados como tales en el sistema prestacional.  Es decir, los servicios de educación, centro de día, estimulación temprana, rehabilitación, etc. para personas con discapacidad, financiadas por el sistema de reintegro de la seguridad social (obras sociales, prepagas, etc.) y el Programa Incluir Salud. Siguiendo un criterio ilustrativo las 376 respuestas representarían el 22,5 % del total de los registrados. Se subraya el carácter meramente ilustrativo y no riguroso en términos estadísticos de esta relación: los prestadores registrados no necesariamente corresponden a prestaciones cuyos destinatarios sean beneficiarios de Incluir Salud.  Del mismo modo esta nómina no incluye a los servicios de transportistas, que significa una parte importante de la deuda.

Encuesta: las 376 Instituciones y servicios prestacionales que respondieron generan aproximadamente 15.400 puestos de trabajo.

Discriminando en las provincias el porcentaje de las organizaciones que respondieron la encuesta respecto de los prestadores registrados varían entre un 20 y un 30 por ciento. Por ejemplo, de las 376 respuestas, 127 corresponden a prestadores de la provincia de Buenos Aires, que representarían casi el 23% del total de registrados en la Andis, de 558 prestadores bonaerenses.  En el caso de Córdoba, las 50 respuestas representan poco más del 26% del total de los 190 prestadores de nuestra provincia registrados en la agencia.

Valeria Fantasía (Andis), Mario Cafiero (INAES) y Claudio Espósito (Andis) durante la firma de convenio de cooperación entre ambas entidades. Fuente: Twitter INAES

Un escenario de grandes desafíos

Además de las protestas callejeras de prestadores y organizaciones, las sucesivas sentencias judiciales que obligaban al Estado a restituir pensiones y que el anterior gobierno incumplió sistemáticamente, las coberturas periodísticas que mostraban instituciones a punto de quebrar, y las decisiones de transportistas y prestadores de dejar de brindar servicios a personas beneficiarias de Incluir Salud; completaron un escenario calamitoso para el colectivo de personas con discapacidad. Grupo social que desde siempre estuvo golpeado por la falta de respuestas reales del estado y la sociedad frente a los problemas históricos: falta de empleo (e incumplimiento del cupo laboral), la inaccesibilidad generalizada, la exclusión y segregación en el sistema educativo; la falta de apoyos para la autonomía, para la vida independiente y para la participación en igualdad de condiciones, etc. En un comunicado emitido recientemente, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba describió la situación que el gobierno anterior dejó en el campo de la discapacidad fue de “tierra arrasada”.

La nueva gestión asume en un momento crítico, enfrenta urgencias y desafíos en un momento en que las organizaciones y las personas con discapacidad no les queda tiempo para seguir esperando.

Junto a Espósito también asumió el periodista Fernando Galarraga como Director Adjunto. Galarraga es dirigente de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA) y de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) y presidente de la Comisión de Discapacidad de la CTA. Las designaciones fueron bien recibidas por organizaciones y referentes de todo el país.  Ambos contaron con apoyos de distintos sectores de la sociedad civil vinculada a esta temática y conocen los problemas actuales e históricos del sector.
La nueva gestión asume en un momento crítico, enfrenta urgencias y desafíos en un momento en que las organizaciones y las personas con discapacidad no les queda tiempo para seguir esperando.  Además del problema de la deuda, debe reactivar el sistema de pagos por las prestaciones de Incluir Salud que quedaron virtualmente estancadas desde los últimos meses del 2019; reactivar los Centros de Atención Locales (CAL) en buena parte del país, restituir procesos de trabajo, apurar las respuestas ante los trámites atrasados de pensiones, etc.  Todo el panorama se incluye en la situación de emergencia general.
Todos estos desafíos también implican oportunidades. El comunicado de la Mesa de Discapacidad así lo manifiesta: además de “las urgencias específicas del colectivo, que se deben resolver en las próximas semanas, estamos ante una oportunidad histórica para los millones de argentinos y argentinas con discapacidad, que podrían contar con un organismo nacional que avance realmente en una política integral y transversal al Estado, desde una perspectiva de derechos, de construcción de una sociedad inclusiva y accesible, y desde la Participación y Protagonismo de las propias personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad, con una Perspectiva Federal”.

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