Sólo el 30 por ciento de las personas con discapacidad tiene certificado vigente.

El 19 de julio pasado, el INDEC presentó los resultados preliminares del "Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad", una encuesta que el organismo realizó en articulación con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI) en ciudades de más de cinco mil habitantes de todo el país.  Si bien se trata de una presentación preliminar y la mayor parte de los resultados (en temas como educación, ocupación laboral, vivienda, etc.) se conocerá recién a fin de año; se dieron a conocer algunos datos generales, como la cantidad y porcentaje de personas con discapacidad mayores de seis años en la población total del país, así como la estructura de esta población por sexo, edad, tipo de discapacidad, etc.  Entre estos datos hay uno que llama mucho la atención, aunque lejos de sorprender, corrobora las presunciones de muchas personas: del total de personas con discapacidad (con "dificultad" en términos del estudio) sólo el 30 % tiene el Certificado de Discapacidad vigente.

El gráfico muestra que aproximadamente 3 de cada 10 personas con dificultad tienen el certificado de discapacidad vigente, una lo tiene desactualizado y 6 de cada 10 no lo tienen.

Además, esta falencia en la política de certificación se agrava en la primera infancia: el 1,9% de los niños con dificultades de 0 a 5 años poseen certificado de discapacidad vigente, siendo mayor el porcentaje para los varones que para las mujeres.

¿Para qué sirve el Certificado de Discapacidad?

En nuestro país, las personas con discapacidad tienen derecho a que al menos algunas necesidades estén cubiertas. Por ejemplo, derecho a recibir apoyos para ir a la escuela, a rehabilitación, o a distintas terapias que ayuden en la vida cotidiana. También tienen derecho a que se les facilite una de las cosas más complicadas en nuestras sociedades: movilizarse.  Para ello, y aunque muchas veces las empresas imponen trabas, deben cubrir pasajes gratuitos en transporte urbano e interurbano. O si se requiere de otro tipo de transporte privado también se puede acceder como una prestación cubierta por las obras sociales o el estado. Claro, a veces cubren todo, a veces una parte, a veces nada. 

También por ejemplo, a quienes tienen edad para trabajar, deberían poder acceder dentro del cupo laboral (del 4%) dentro de alguna dependencia del estado (aunque lo cierto es que no se cumple ni el 1%); o acceder a la pensión no contributiva. Lo cierto es que quienes tienen alguna discapacidad, al menos en teoría tienen estos y otros derechos, y fundamentalmente tienen el derecho a reclamarlos y luchar por su reconocimiento y ejercicio pleno.

Del total de personas con discapacidad sólo el 30 % tiene el Certificado de Discapacidad vigente.

Pero para eso, en nuestro país, para ejercer los derechos como persona con discapacidad, deben contar con el Certificado Único por Discapacidad. Todas las personas con discapacidad y sus familias saben que obtener el CUD no es un trámite sencillo ni agradable, ya que el certificado de discapacidad tiene una carga social negativa que hace sentirlo como un rótulo, una etiqueta. Y en verdad, para acceder a la mayoría de las cosas en que se utiliza el CUD, como las asistencias, los apoyos, las prestaciones médicas, las terapias, etc., no debiera ser necesario andar con una certificación.  Pero lamentablemente, en nuestra sociedad no se ha logrado organizarnos mejor y todavía es necesario tener el CUD al día para ejercer estos derechos.  Pero los problemas siguen: si en donde vive no hay junta certificadora (un equipo interdisciplinario de salud que funciona en distintos hospitales y centros de salud), la persona con discapacidad debe viajar a otra ciudad donde sí haya una junta para que evalúen y emitan el certificado.  Y no es un trámite automático.

El estudio se realizó en ciudades de más de cinco mil habitantes de todo el país.  

Según el estudio, las personas que cuentan con el CUD vigente, lo usan principalmente para obtener el pase libre de transporte, la cobertura integral de medicación y salud y para obtener las prestaciones de rehabilitación, transporte, prestaciones educativas, etc. También especifica que el 9,5% de la población con dificultad que tiene el certificado vigente no lo usa.  Aunque sería valioso contar con información acerca de las razones por las cuales las personas manifiestan que no acceden al CUD, al menos este primer informe no menciona nada al respecto. 

Lo que sí evidencian los datos arrojados por el informe es que buena parte de las medidas y programas destinados al colectivo de personas con discapacidad, así como el sistema de prestaciones de salud, educación, rehabilitación, etc., no llegan a la gran mayoría de las personas con discapacidad y en realidad atiende a un sector minoritario dentro de esta población total. Entonces, siguiendo este simple análisis, cuando hablamos de la población de personas con discapacidad, hablamos de un sector cuyos derechos y necesidades para una vida digna se encuentran en buena parte insatisfechos.

Sobre el Estudio

El estudio se realizó durante los meses de abril y mayo y según el documento publicado en la página del INDEC "se visitaron alrededor de 41.000 viviendas particulares, mediante la metodología de entrevista directa, utilizando dispositivos digitales (tableta)".  Para este estudio la identificación de las personas con dificultad se basó en "la autopercepción de la población acerca de sus dificultades para ver, oír, agarrar y levantar objetos con las manos o brazos, caminar o subir escaleras, bañarse, vestirse o comer solo/a, hablar o comunicarse, aprender cosas, recordar o concentrarse y controlar su comportamiento, entre otras." 

El estudio también aclara que la limitación en la actividad y la restricción en la participación constatadas "deben estar originadas en una condición de salud", descartando "limitaciones y restricciones originadas en factores socioeconómicos y/o culturales (por ejemplo: niños que tienen dificultad en su ingreso a una escuela debido a escasos recursos económicos o desinterés de su familia; personas que no participan en un ámbito deportivo porque son excluidas por su raza o religión, etc.)" A la vez las limitaciones (sigue especificando el estudio) que devienen de dichas dificultades, deben ser tales que afecten "el desenvolvimiento y la vida diaria" al "interactuar con diversos factores contextuales" (barreras).

El informe identificó que la prevalencia de población con dificultad de 6 años y más es del 10,2%.  Es decir aproximadamente el 10 % de la población (en ciudades de cinco mil habitantes y más) tienen discapacidad. Esto se corresponde con una estimación de 3.571.983 personas. Un número por cierto inferior al casi 13 % y las más de cinco millones de personas con discapacidad identificadas en el último censo del año 2010.  Diversas organizaciones, han realizado observaciones y críticas, respecto del estudio y en general sobre el Plan Nacional de Discapacidad de la ANDIS, del que el estudio forma parte. Por ejemplo, desde la Federación Argentina de Enfermedades poco Frecuentes (FADEPOF) refirieron a la expresa no contemplación de la discapacidad visceral que, advierten, adolece el estudio. Esta falta "impacta negativamente en las personas a la hora de la exigibilidad del derecho establecido por las normas de discapacidad vigentes en el país".

Más información y recursos:

Para descargar la presentación preliminar del "Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad"

Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el Sitio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Información sobre CUD y las Juntas de Certificación en la Provincia de Córdoba.

Observaciones de FADEPOF sobre informe preliminar del "Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad" del INDEC