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Discapacidad, derechos humanos y acceso a la justicia. La jornada en Carlos Paz.

El viernes 24 de junio se realizó en Villa Carlos Paz la jornada "Discapacidad, derechos y legislación en Argentina". El encuentro organizado por la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, y apoyado por la Cooperativa de Servicios de Carlos Paz y APADIM Córdoba, fue el espacio para la presentación en el valle de Punilla del "Informe anual sobre la situación de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Córdoba - 2015", y la presentación del Programa Nacional "ADAJUS", de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia.

Imagen general del encuentro.
Con una mesa panel y en una repleta sala de la Casa de la Cultura de la Cooperativa de Carlos Paz, se realizaron las presentaciones, como disparadores para un sostenido diálogo con el público, brindando un panorama general sobre los desafìos actuales en torno a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, haciendo hincapié en la eliminación de las barreras que obstaculizan el acceso de este colectivo a distintos espacios de la administración de la justicia.

¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso a la justicia de las personas con discapacidad?

Basicamente es que no existan barreras que impidan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos plenamente en el marco de las relaciones con la justicia. Estas barreras van desde las físicas hasta las actitudinales, como siempre más complejas y difíciles de eliminar.
"Las PcD se encuentran con diferentes obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan de los procesos judiciales y/o administrativos, ya sea por dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, el trato no adecuado por parte de las fuerzas de seguridad en los diferentes procedimientos, al igual que la modalidad en que los operadores judiciales interactúan con las PcD; abordajes incorrectos en los procedimientos periciales, y el desconocimiento por parte de los actores judiciales de la normativa vigente sobre discapacidad, entre otras situaciones." (sitio web ADAJUS)
Ante esta realidad y en el marco de la aplicación de la Convención, el Estado Nacional creó en el 2011, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el programa ADAJUS: "Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia".
ADAJUS está dirigido a las PcD, operadores judiciales, agentes penitenciarios, fuerzas de seguridad, funcionarios de la Administración Pública, Colegios Profesionales y organizaciones de la sociedad civil, y sus funciones son las siguientes:
  • Brindar orientación y asistencia técnica a las PcD, sus familiares o amigos.
  • Intervenir en casos donde exista una barrera comunicacional entre la PcD y su interlocutor.
  • Elaborar guias y protolos de intervención.
  • Capacitar a los actores del Poder Judicial, Colegios Profesionales y funcionarios de la Administración Pública, como así también al sector privado que lo solicite.
  • Conocer e intervenir en el contexto de las PcD en situación de encierro carcelario.
  • Adecuar la intervención de los cuerpos periciales en los procesos judiciales o preliminares que involucren a las PcD.
  • Brindar asistencia técnica para las adecuaciones y reformas legislativas.
  • Promover la cooperación interinstitucional con organismos internacionales.
ADAJUS se encuentra bajo la coordinación de la Perito Oficial Intérprete, Mabel Aurora Remón, y el mismo presenta un abordaje interdisciplinario que permite trabajar transversalmente la temática de la discapacidad.

Informe 2015 sobre la situación en Córdoba de los derechos de las personas con discapacidad y aplicación de la Convención.

En este Primer Informe Anual sobre la Situación de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Provincia de Córdoba, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH se propuso por un lado generar una instancia de difusión e incidencia pública respecto del modelo social de la discapacidad y la CDPCD, así como a realizar una observación y recomendaciones sobre la aplicación de la convención respecto del cumplimiento de algunos de los derechos centrales que el estado provincial está obligado a garantizar.





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