Debates sobre el Derecho a la Educación.

Desde hace un tiempo venimos compartiendo notas de opinión de distintos actores y colectivos sociales que plantean diferentes posturas en el debate de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad.

Repensado la Escuela Especial. Tiempo de reflexión y cambio, Posturas en torno al derecho a la educación de personas con discapacidad [Diario Clarín], La Escuela Especial frente a los desafíos de los nuevos paradigmas.fueron algunas de las editoriales que hemos compartido y puesto a discusión desde este espacio.

En esta oportunidad, sumamos una nueva publicación a esta propuesta para continuar repensando nuestras miradas y prácticas profesionales en el ámbito educativo.

Las personas con discapacidad, ¿no tienen derecho a la educación?

En medio de tanta referencia a los marcos normativos, nos olvidamos de lo esencial: ahí están. Nos reclaman ellos y sus familias. Familias desorientadas y con el dolor de ver que sus hijos no tienen cabida.

Texto publicado el 25 de junio.

Fuente:La Voz del Interior. 

Por Olga Concepción Bonetti*

Hace unas pocas semanas, se realizó en Incheon, República de Corea, el Foro Mundial de Educación, convocado por la Unesco. Participaron más de 100 países.

Ministros, jefes y miembros de delegaciones, jefes de agencias y ejecutivos de organizaciones multilaterales y bilaterales y representantes de la sociedad civil, la profesión docente, los jóvenes y el sector privado, organizaciones y fundaciones mundiales, Unicef, ONU Mujeres, entre otras, acordaron el documento borrador titulado: “Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y aprendizaje a lo largo de la vida para todos”, que fija las metas para la educación 2030 y es el puntapié inicial de un documento que se elaborará en septiembre de este año en Nueva York.

El punto séptimo de dicha declaración establece: “La inclusión y la equidad en y a través de la educación son la piedra angular de una agenda educativa transformadora y, por consiguiente, nos comprometemos a abordar todas las formas de exclusión y marginalización, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna meta educativa podrá ser considerada como lograda plenamente a menos que sea el caso para todos (...) nos comprometemos a realizar los cambios necesarios en las políticas educativas y a focalizar nuestros esfuerzos en los más desaventajados, especialmente aquellos con discapacidades, para asegurarse de que nadie se quede atrás”.

Contundente. Claro. Sin embargo, en estos días, en nuestro país y en Córdoba en especial, estamos asistiendo al triste espectáculo de un debate que pone en el centro si las personas con discapacidad que asisten a escuelas secundarias especiales pueden o no obtener su titulación (hasta ahora, podían acceder al título).

Por si necesitamos referenciar más leyes, recordemos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006 y puesta en vigor en 2008, define a la “discapacidad” como un fenómeno relacional, histórico y dinámico, que deviene de la interacción de la persona con deficiencias y las barreras del entorno para su participación en igualdad de condiciones, lo cual implica un paradigma social de la discapacidad.

Argentina firma la CDPD y la ratifica por el Congreso en la ley número 26.378/08, lo que la erige como una norma de estatus constitucional. Hoy, la CDPD cuenta con 147 países signatarios y 97 países que la ratificaron.

La misma CDPD sostiene que “los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida...”.

Compromiso total

Podríamos citar leyes nacionales y provinciales, decretos, etcétera. Pero en medio de tanta referencia a los marcos normativos, nos olvidamos de lo esencial: ahí están. Nos reclaman ellos y sus familias. Familias desorientadas y con el dolor de ver que sus hijos no tienen cabida, no está claro a qué tienen derecho.

Y nosotros, como sociedad, enredados en un entramado sin fin, nos embarcamos en discusiones sobre si las personas con discapacidad deben acreditar o no los mismos conocimientos que todos; si debe existir o no la modalidad especial; cuál es el rol de las escuelas especiales en procesos inclusivos totales; qué entendemos por “igualdad de oportunidades”, etcétera. Mientras, ellos esperan y desesperan...

Nos debemos un debate profundo. Si acordamos y asentamos en nuestras leyes que adherimos a los postulados sobre la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y social, la equidad, el derecho elemental de toda persona a recibir educación (y así “mostramos estar en sintonía” con lo que se dice a nivel mundial), debemos contribuir desde todos los ámbitos a que no sean meros enunciados declarativos.

Hay que hacerlo efectivo, hay que revisar planes de estudio, revisar titulaciones, funciones y aportes de las escuelas, acompañar al docente para que pueda trabajar en pos de la inclusión plena, acompañar a las familias, revisar las formas rígidas de organización que se espejan en un modelo homogeneizador que ya nos superó.

Necesitamos mucho trabajo coordinado, desde las políticas estatales hasta el debate dentro de lo que pasa en el espacio micro de las instituciones y en sus aulas.

Celebro que las autoridades gubernamentales locales hayan tomado nota de esta situación y en estos días manifiesten estar dispuestas a abrir el diálogo, y hayan emitido una resolución por la que dan marcha atrás. Ojalá no sea sólo un “calmar las aguas”, porque se vienen tiempos electorales. Ojalá sea pensando en todos por igual.

En ocasión de una visita a la Facultad de Educación en 2013, Ricardo Baquero, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, nos decía que cuando pensamos de antemano que tal alumno “no puede”, “cuando significamos el fracaso escolar de nuestros alumnos como carencias de educabilidad, en verdad estamos haciendo uno de los juicios más lapidarios respecto de los pronósticos de aprendizaje de los sujetos”.

Hoy, más que nunca, esta reflexión cobra una vigencia plena.

*Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba