Propuesta de la defensoría del pueblo para que se adapte en todos los
ámbitos jurisdiccionales, policiales y penitenciarios del país, el
"Protocolo de Trato Adecuado en Acceso a la Justicia de las Personas con
Discapacidad”
Por el acceso de personas con discapacidad a la justicia
Desde el Defensor del Pueblo de la Nación, queremos promover un cambio de actitud, un cambio cultural que tenga como objetivo la remoción de todo tipo de barreras que aún hoy persisten y obstaculizan el acceso a la
Desde el Defensor del Pueblo de la Nación, queremos promover un cambio de actitud, un cambio cultural que tenga como objetivo la remoción de todo tipo de barreras que aún hoy persisten y obstaculizan el acceso a la
Por eso consideramos relevante que se adapte en todos los ámbitos jurisdiccionales, policiales y penitenciarios del país, el "Protocolo de Trato Adecuado en Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad” elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en su relación con la Administración de Justicia (ADAJUS), la Defensoría General de la Nación (DGN) y el Ministerio Público Fiscal de la CABA.
Dicho protocolo fue
creado con el objetivo de lograr el acceso a la Justicia de las personas con
discapacidad, mediante la toma de conciencia sobre las barreras que
obstaculizan la participación directa e indirecta de aquellas en los
procedimientos judiciales, incluyendo la etapa de investigación y otras etapas
preliminares.
El mismo contiene una serie de recomendaciones prácticas que pueden
servir de guía para jueces, fiscales, defensores, otros operadores de justicia
y personal auxiliar de la administración de justicia, cuyo objetivo central es
brindar recomendaciones y orientaciones prácticas acerca del trato que debe
procurarse a las personas con discapacidad.
La adopción de esta guía en todas las jurisdicciones –de concretarse-
representará un verdadero avance en el cumplimiento de la Convención de
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ya que promueve la
capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de Justicia,
incluído el personal policial y penitenciario.
Asimismo, con el fin de promover esta acción en todas las jurisdicciones
del país, pusimos en conocimiento de lo actuado a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de
Seguridad de la Nación, así como a los tribunales superiores y a los gobiernos
de todas las provincias en las cuales no se ha adoptado el protocolo como
política institucional.
Para finalizar, recordemos que en el prólogo de dicho Protocolo se
afirma que: "El actual enfoque de las personas con discapacidad, como
sujetos de derecho, implica la sumatoria de tres aspectos configurativos: deficiencia
que puede presentar una persona, su interacción con diversas barreras y sus
restricciones a la participación. En la actualidad, el acento no se coloca en
la deficiencia de la persona. La interacción con barreras será un factor
crucial en cuanto a eliminación de obstáculos y también implica la adopción de
medidas que posibilitan el pleno disfrute de los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido el
entorno y los factores contextuales positivos serán decisivos para el impacto
deseado, en términos de participación plena y efectiva en la sociedad. Dicha
participación será medible en referentes del efectivo goce y ejercicio de
derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad”.
Carlos Haquim
Secretario a cargo Defensor del Pueblo de la Nación.
Fuente: Roca Digital.
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