Algunos datos de la actividad megaminera en nuestro país.
En los primeros meses de 2012, en distintas provincias del país, se vienen intensificando los conflictos por la instalación y funcionamiento de megaproyectos de minería a cielo abierto. Esto ha generado un nuevo ciclo de resistencias populares frente a la embestida del poder gubernamental, que propone llevar adelante proyectos extractivos en contra de la voluntad de buena parte de sus poblaciones.
Desde una mirada integral del panorama de los emprendimientos mineros y de acuerdo a las estadísticas y las fuentes consultadas, es evidente el significativo incremento de la actividad minera en la Argentina.
Actualmente existen cerca de 30 transnacionales mineras en el país, la mayoría de estas empresas son de origen canadiense (Yamana Gold, Barrick Gold, Xstrata, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, Pan American Silver Corp, entre las principales) En el periodo comprendido 2003 y 2008 las inversiones mineras se multiplicaron por más de diez y el crecimiento de proyectos fue de 907%; 13 provincias están seriamente comprometidas; 300 minas estarán funcionando en los próximos diez años; siete son las provincias que prohibieron por ley este tipo de explotación: Mendoza, Chubut, Río Negro, San Luís, La Pampa, Tucumán y Córdoba.
Según informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos de exploración en “estado avanzado”: Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro)
Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
La Secretaría de Minería de la Nación confirma este crecimiento, manifestando que Argentina es uno de los países con mayor dinámica en esta actividad, entendiendo que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”.
Desde la década del 90 con la legislación minera del menemismo, la forma de administración que hace el estado nacional de los recursos naturales es Federal. Esto significa que el Estado delega esta administración a las provincias, con sus marcos legislativos propios y controles y auditorias financieras y medioambientales. Los gobiernos locales poseen, la capacidad directa de negociar entre cada provincia y las empresas mineras, aunque también, rige la legislación medioambiental a nivel nacional que no pierde jurisprudencia.
En este contexto, el Estado nacional y los gobiernos provinciales, tienen una 
actuación poderosa y determinante en cuanto al tema: las transnacionales mineras gozan de subsidios nacionales; estabilidad jurídica por 30 años; incentivos fiscales provinciales y municipales, pagan mínimas retenciones para llevarse al exterior valiosos minerales mediante una simple declaración jurada y sin control estatal; y pueden dejar en el exterior el 100% de las divisas que perciben por sus exportaciones.
Los gobiernos locales argumentan que la minería traerá “desarrollo y trabajo”, sin embargo los hechos demuestran que genera contaminación del agua y del aire; desarticulación de las economías regionales, migraciones, y desempleo; entre otros fenómenos. Desde los gobiernos, se acompañan estos “procesos de desarrollo regional” que aducen las transnacionales mineras con políticas represivas que criminalizan y judicializan la protesta de las asambleas: intervención violenta en las marchas y bloqueos antimineros, allanamientos en hogares de integrantes de las asambleas, causas judiciales por delitos inexistentes. Acallar la resistencia.
Estas escenas de represión se reproducen de manera trágica y habitual en todas las poblaciones de America latina, en donde la actividad se instala: la violencia represiva del Estado usada en contra de sus propios 'ciudadana/os' para viabilizar el interés del capital transnacional con la pleitesía de gobiernos e instituciones como 'capataces' de las transnacionales, usando la fuerza pública para reprimir las resistencias.
Como mencionamos, la minería transnacional a gran escala genera resistencias populares, por los reales y devastadores 'impactos' de su metodología extractiva que implica la voladura de cerros enteros, la destrucción de acuíferos y ecosistemas, y el consumo descomunal de agua y energía.
Principales impactos de la minería.
Aspectos Ambientales, Económicos y Sociales en las comunidades.
Es abundante el material informativo que da cuenta de los impactos socio ambientales de esta actividad. Por ejemplo, la publicación, 21 preguntas para entender la minería del siglo 21, estos impactos son nocivos tanto sobre el suelo, las aguas y el aire.
La contaminación a gran escala de las aguas de superficie y subterráneas (proceso de Drenaje ácido de Roca[1]) con sustancias tóxicas, como el 
arsénico, plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio, e incluso sustancias radiactivas, tienen consecuencias directas en la fauna, la flora y la salud humana.
La deforestación masiva y sequías por efecto de la desertificación y el agotamiento de las fuentes de agua, generan la destrucción del hábitat de especies de animales y plantas en peligro de extinción, e incluso de ecosistemas enteros.
En cuanto a la contaminación del aire, al polvo y el ruido generados por las explosiones recurrentes producidas en la excavación, el ruido de los molinos y el constante tráfico vehicular, tienen impactos considerables en la flora y la fauna.
Estas situaciones de impacto ambiental, tienen una relación directa con la contaminación, la deforestación y degradación del suelo y de la calidad del agua debido a la sobreexplotación y contaminación de estos recursos.
Según, la fuente citada “las minas en las montañas descargan su contaminación en los ríos aledaños a las minas, y envenenan a los organismos acuáticos en toda la trayectoria de los ríos, hasta llegar al mar. Si las aguas tóxicas son utilizadas para el riego, las plantas absorben elementos tóxicos como arsénico y plomo y los transfiere a las frutas. Una vez que el río desemboca en el mar, los metales pesados y otras sustancias tóxicas son absorbidas por los mariscos y otros organismos (incluyendo las aves)”.
La minería descompone social y culturalmente a las comunidades; genera nuevos conflictos sociales y aumenta la pobreza en las zonas de incidencia. El movimiento económico que augura la instalación de la minería produce cambios estructurales en las poblaciones: por un lado la inmigración masiva de personas de otros lugares que llegan en busca de trabajo y por otro el incremento de personas en estas poblaciones que requiere mayor oferta de servicios públicos para estos nuevos pobladores.
En este sentido, el crecimiento demográfico implica un aumento del costo de la vida en la comunidad, es decir, la alimentación, el valor de la propiedad, los servicios básicos y a su vez la inexistencia de vínculos sociales y culturales de los nuevos trabajadores con la comunidad, son posibles “focos” de tensiones económicas y sociales en la comunidad.
De esta manera, en “resguardo de evitar conflictos” con los pobladores locales, las empresas mineras compran grandes superficies de tierra, cercanos a la zona de exploración de las minas, que son destinados la construcción de casa, escuelas, lugares comunes de ocio para los trabajadores.
Al perder sus territorios los pobladores locales se quedan sin posibilidad de desarrollar sus actividades agrícolas, con el consiguiente impacto negativo en su soberanía o autonomía alimentaria y en su vida en general.
Estos cambios sociales, sumados a los impactos ambientales implican el deterioro de la estructura comunitaria campesina o rural, lo que causa migraciones masivas hacia las ciudades, con el consecuente crecimiento de la miseria urbana.
En muchos casos, “la contaminación del medio ambiente causada por las actividades mineras perjudica a otros sectores económicos, la pérdida de actividades tradicionales y/o sustentables, como el turismo ecológico y comunitario y la agricultura orgánica”.
De esta manera, la contaminación de las fuentes de agua, la desertificación de los suelos, y las sequías, afectan a la economía agrícola de miles de familias que dependen del suelo y de la lluvia para su producción.
Las luchas continúan: las puebladas en todo el país.
La implementación de este modelo de saqueo, extractivo y exportador, es resistida por las organizaciones sociales, pueblos originarios y vecinos/as autoconvocados que organizados en asambleas populares socio-ambientales, defienden la soberanía del territorio, la autodeterminación de los pueblos en la defensa del agua y de la vida, impulsando diferentes estrategias de lucha y denuncia frente a los estragos ocasionados por estos emprendimientos.
En el marco de los sucesos de alta conflictividad en la Rioja y Catamarca, la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) en su comunicado de prensa enfatiza su carácter de ser un movimiento genuino de resistencia popular, como fruto de “la colaboración, el trabajo, la reflexión y el esfuerzo de muchos hombres y muchas mujeres que, concientes del peligro que implica la presencia de estas empresas megamineras transnacionales en sus territorios, han generado formas para defender lo más preciado que tenemos: nuestras tierras, nuestra agua y nuestra vida”.
En este sentido, estas resistencias populares expresan “el carácter crítico de poblaciones enteras que se ven amenazadas por el saqueo de sus fuentes de agua, sus tierras y sus medios de vida, en un escenario de grandes asimetrías, donde el poder financiero de las corporaciones encuentra como aliados el clientelismo, la corrupción y la fuerza represiva del Estado en manos de gobiernos que han decidido gobernar para aquellas y donde las empresas periodísticas locales, usualmente funcionan como apéndice del aparato propagandístico de las mineras”.
Estas “puebladas con sus propios cuerpos sostienen la lucha por no ser contaminadas, negándose a brindar la licencia social a esos proyectos”.
La lucha de las asambleas se multiplica y tiene una visión global porque articula estas identidades fragmentadas que están dispersas pero se nutren al pelear ante una misma causa. Toman para la lucha diferentes formas o modos, pero tienen el signo de pensarse en conjunto. Nuevos sujetos sociales que se van inscribiendo en la vida política, en el orden social, político y cultural. Así lo definen los ciudadanos autoconvocados de las asambleas: “El espíritu de quienes luchamos sigue más fuerte que nunca, nuestra convicción de construir un mundo mejor para todos, se fortalece día a día y las ganas de seguir en las rutas, en las calles y en los oídos de la gente no merma”.
La urgencia y la fuerza de esta resistencia genuina es un proceso de lucha reivindicativo y de acción colectiva, que en la participación, en sus sentidos de pertenencia, de comunidad, plantea la dignidad y las identificaciones en todas las asambleas del país: llamadas a la lucha por la restitución del derecho a vivir en un ambiente sano y a la real soberanía de sus territorios.
Las perspectivas de este proceso social: la mediatización de la protesta.
Las proyecciones que pueden elaborarse en cuanto a la minería en nuestro país deben fundamentarse en dos cuestiones claves para su entendimiento y análisis; la primera implica reconocer la incidencia en nuestro territorio del actuar voraz de las mineras trasnacionales, lo que infiere reconocer los aspectos mencionados anteriormente; y por otro lado comprender que el debate y la reflexión generada en las complejas relaciones entre poblaciones - gobiernos locales - empresas transnacionales – Estado nacional, se deben debatir en un escenario proyectivo de políticas reales y alternativas al modelo extractivo: porque en definitiva lo que se esta poniendo en debate es el modelo de desarrollo del país, teniendo como eje la cuestión de los bienes naturales y el modo en que nuestra sociedad se relaciona con la naturaleza.
En este sentido, como indagaba el texto “La megamineria y su debate de progreso” en cuanto al modelo de desarrollo de nuestro país ”los resultados de las experiencias de explotación intensiva de los bienes naturales y los desarrollos teóricos producidos en los últimos años, han demostrado la necesidad de incorporar las categorías de ambiente, territorio, biodiversidad, sostenibilidad y otras similares, en las teorías del desarrollo obligando a colocar sobre nuevos ejes los debates sobre los modelos de crecimiento y las estrategias para lograrlo”.
El actual modelo de explotación minera industrial implica la extracción masiva -y en un tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; el modelo de lucha de las asambleas populares de todo el país propone la recuperación de la soberanía de sus territorios y formas de vida.
Las fuerzas en juego en el escenario social son visibles y concretas, será decisión del poder gubernamental el reconocer las resistencias genuinas del pueblo para evitar la realización de proyectos extractivos que atenten la voluntad y la vida de sus pobladores.
Fuentes: El contramapa de la megaminería
Carta Abierta de la UAC a la Presidenta de la Nación.
La megaminería y el debate sobre el desarrollo
21 preguntas para entender la minería del siglo 21
APADIM Córdoba.
[1]Este fenómeno se produce en las escombreras, en el cráter, o en los diques de desechos de la mina, y ocurre tanto durante la explotación de la mina, como después de su cierre. El Drenaje Ácido de Roca ocurre cuando las aguas de lluvia entran en contacto con sustancias tóxicas contenidas naturalmente en las rocas minadas, es decir que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie. Mientras estas sustancias tóxicas se encuentren en el subsuelo, no presentan riesgo, pero al sacarlas de las entrañas de la tierra y exponerlas al agua y al aire, pueden convertirse en elementos mortales.
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