El debate sobre la baja de punibilidad a 14 años en Argentina y sus repercusiones ha ocupado recientemente un considerable espacio en la agenda de los medios y de los políticos, generando diversas notas y opiniones destacadas, reflejando las visiones sobre el tema.
Se remarca lo estancado del debate y la falta de fundamentos, por caso en “Sigue el debate sin ton ni son”, o en notas como la publicada en el diario Infobae: “Cobos, De Narváez y Carrió, a favor de bajar hasta los 14 años la edad de imputabilidad penal”
De fondo hay una urgencia social, que motivó a especialistas y personalidades referentes en la temática de los derechos humanos y en políticas juveniles a dar sus opiniones, avaladas en el trabajo y en la experiencia desde el ámbito penal y social.
En este sentido nos interesa rescatar y compartir la experiencia del Dr Hugo Cañon, presidente de la Comisión por la Verdad de Buenos Aires, integrada por referentes de organismos de derechos humanos, el sindicalismo, el ámbito judicial y universitario, legisladores y religiosos de distintos credos. (ver video en nuestro blog “Los derechos Humanos según Hugo Cañon”).
En una nota de su autoria titulada “Incompetencia, temor o complicidad”, publicada en Página 12, destaca la falta de recursos y voluntad política para trabajar con los decretos vigentes en el ámbito de medidas preventivas de inclusión de los jóvenes, con el agravante del no cumplimiento de las convenciones internacionales y tratados legislados en nuestro país.
En este sentido, el sistema jurídico expone una notoria paradoja: el mecanismo legal vigente visibiliza una clara contraposición entre lo mucho que se ha escrito, redactado, reformulado frente a lo poco que se realiza o se omite hacer (léase: incompetencia o complicidad).
Se ha generado y potenciado una situación social de confusión y fuertes ideas arraigadas: la recurrente reiteración de un estado caótico e ilegalidad en los llamados “vacíos legales” postulados por los partidarios de la baja de punibilidad, fuertes discursos mediáticos de alto impacto punitivo en la resolución de los conflictos y la búsqueda de homogeneidad social de miradas ante la temática.
Se incentiva el miedo como poder ineludible de control social, se construyen estereotipos sociales mediante el prejuicio y se configura en el joven pobre el delincuente peligroso que hay que perseguir para dar una respuesta a la inseguridad. Se reafirma un sistema penal discriminatorio, selectivo, estigmatizante, que no persigue a todos por igual, marca y separa del resto de la sociedad.
De esta manera se activan formas primitivas de mecanismos que refuerzan un Estado policial en lugar de un Estado que promueva la convivencia civilizada en la ejecución efectiva de las legislaciones estipuladas para lograr esto dentro de un marco legal existente, democrático e inclusivo.
La ineficiencia y los incumplimientos legales son muchos. El Dr. Hugo Cañon remarca que este debate elude las propias responsabilidades: “la provincia de Buenos Aires tiene un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, pero es letra muerta. Faltan recursos y decisión política para su plena puesta en funcionamiento. En 2010 se hizo un recorte presupuestario en el área Niñez y Adolescencia, en especial en los programas destinados a los servicios locales y zonales y al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”.
Ante esto subraya: “El gobernador debería apuntar al propio ombligo del aparato armado del Estado provincial si la intención es lograr más seguridad y atacar el delito. Lo otro sólo servirá para seguir apilando menores en depósitos de detenidos”.
El escenario está dibujado: la impunidad policial sigue estando garantizada por el Estado, lo que repercute en la posibilidades de nuevos conflictos y no en soluciones superadoras, “olvidando” que la problemática de fondo no está en las edades o en los años (se alude a que se fijarán penas bajas, lo cual no es cierto), sino en el ejercicio pleno de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
En este sentido, el sistema jurídico expone una notoria paradoja: el mecanismo legal vigente visibiliza una clara contraposición entre lo mucho que se ha escrito, redactado, reformulado frente a lo poco que se realiza o se omite hacer (léase: incompetencia o complicidad).
Se ha generado y potenciado una situación social de confusión y fuertes ideas arraigadas: la recurrente reiteración de un estado caótico e ilegalidad en los llamados “vacíos legales” postulados por los partidarios de la baja de punibilidad, fuertes discursos mediáticos de alto impacto punitivo en la resolución de los conflictos y la búsqueda de homogeneidad social de miradas ante la temática.
Se incentiva el miedo como poder ineludible de control social, se construyen estereotipos sociales mediante el prejuicio y se configura en el joven pobre el delincuente peligroso que hay que perseguir para dar una respuesta a la inseguridad. Se reafirma un sistema penal discriminatorio, selectivo, estigmatizante, que no persigue a todos por igual, marca y separa del resto de la sociedad.
De esta manera se activan formas primitivas de mecanismos que refuerzan un Estado policial en lugar de un Estado que promueva la convivencia civilizada en la ejecución efectiva de las legislaciones estipuladas para lograr esto dentro de un marco legal existente, democrático e inclusivo.
La ineficiencia y los incumplimientos legales son muchos. El Dr. Hugo Cañon remarca que este debate elude las propias responsabilidades: “la provincia de Buenos Aires tiene un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, pero es letra muerta. Faltan recursos y decisión política para su plena puesta en funcionamiento. En 2010 se hizo un recorte presupuestario en el área Niñez y Adolescencia, en especial en los programas destinados a los servicios locales y zonales y al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”.
Ante esto subraya: “El gobernador debería apuntar al propio ombligo del aparato armado del Estado provincial si la intención es lograr más seguridad y atacar el delito. Lo otro sólo servirá para seguir apilando menores en depósitos de detenidos”.
El escenario está dibujado: la impunidad policial sigue estando garantizada por el Estado, lo que repercute en la posibilidades de nuevos conflictos y no en soluciones superadoras, “olvidando” que la problemática de fondo no está en las edades o en los años (se alude a que se fijarán penas bajas, lo cual no es cierto), sino en el ejercicio pleno de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Fuente utilizada: Pagina 12 “Incompetencia, temor o complicidad”
* Lic. Mª Josefina Blanco Pool.
Comunicación Institucional.
APADIM Córdoba.
1 comentario:
"La inseguridad tiene en nuestro país dos grandes causas: la pobreza extrema y el sistema de corrupción y complicidades entre las fuerzas de seguridad, la justicia y el poder político. A ninguna de las dos ha atacado seriamente el gobierno nacional, y mucho menos el de la provincia de Buenos Aires... No hay que mentir mas, leyes sobran para combatir el delito, pero para disminuirlo en serio hay que combatir a la pobreza, la corrupción y el sistema de complicidades. Lo demás, como bajar la edad de imputabilidad de los menores, solo son cortinas de humo que abonan el regreso del autoritarismo." Humberto Tumini
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