Luego de 25 años de una larga espera, hoy la sociedad cordobesa es escenario nacional e internacional, la búsqueda incansable de la verdad y el juicio y castigo a los represores de la dictadura más sangrienta de la historia del país, hoy sienta en el sillón de los acusados al represor Benjamín Menéndez. Un personaje siniestro, con una frialdad y una mirada distante, impenetrable y una voz monótona y oscura que en todos estos años - siempre con un discurso canallesco y cínico- justificó sus aberrantes crímenes como consecuencias de una guerra instalada entre dos bandos en el país.
Hoy sus justificaciones, después de 25 años, serán juzgadas cuando el peso de la ley recapitule lo sucedido y de su veredicto, pero para gran parte de la sociedad y los familiares de víctimas de la dictadura, el castigo tan esperado después de años de lucha, será poder dar voz a tantas victimas silenciadas, poder dar justicia y verdad a tantas familias destruidas, poder por fin, hacer realidad los ecos de hace 32 años que proclama la sociedad:“juicio y castigo”.
Hoy sus justificaciones, después de 25 años, serán juzgadas cuando el peso de la ley recapitule lo sucedido y de su veredicto, pero para gran parte de la sociedad y los familiares de víctimas de la dictadura, el castigo tan esperado después de años de lucha, será poder dar voz a tantas victimas silenciadas, poder dar justicia y verdad a tantas familias destruidas, poder por fin, hacer realidad los ecos de hace 32 años que proclama la sociedad:“juicio y castigo”.
A continuación reproducimos notas publicadas en el diario La Capital de Mar del Plata y del diario La Voz del Interior.
Que hechos se juzgan
Los hechos que juzgará el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Córdoba, se iniciaron el 6 de noviembre de 1976, cuando Humberto Brandalisis, fue secuestrado, aparentemente en la vía pública, tras retirarse de la vivienda de unos amigos, luego de compartir un asado, junto a su pareja Hilda Palacios. En horas de la noche del mismo día, en su domicilio fue secuestrada Palacios y ambos fueron trasladados al centro clandestino de detención "La Perla" (hoy Museo de la Memoria), que dependía del III Cuerpo de Ejército, a cargo de Menéndez.Por otra parte, ese mismo día, entre las 16 y las 17.15, fue secuestrado en su domicilio, Carlos Lajas, cuando se encontraba al cuidado de un sobrino pequeño, cuando la mujer regresó a la casa, se encontró con que su hermano no estaba, la puerta trasera de vivienda abierta y su hijo Marcelo en el cochecito con la mamadera aún tibia. Lajas también fue trasladado a "La Perla". El otro hecho que se debatirá será el del pintor Raúl Cardozo, que fue secuestrado por un grupo de tareas en la pensión que ocupaba, el 8 de noviembre de 1977. Desde sus detenciones, los cuatro fueron mantenidos en situación clandestina bajo condiciones
infrahumanas, además de sufrir torturas físicas y psíquicas. Según detalla la acusación, "los detenidos estaban vendados en forma permanente y eran obligados a permanecer acostados en colchones de paja ubicados en una cuadra, sin posibilidades de moverse y sin recibir atención médica ni sanitaria y con una alimentación deficiente". Más adelante el defensor de Cámara, Marcelo Arrieta, quien solicitó la elevación a juicio, detalló en su presentación que en "La Perla" existía una oficina "especialmente acondicionada" para la tortura física consistente en "violaciones, aplicación de corriente eléctrica (picana), inmersión en agua (submarino mojado) y la asfixia (submarino seco)". En la madrugada del 15 de diciembre de 1977, Brandalisis, Palacios, Lajas y Cardozo fueron retirados del centro clandestino de detención por personal civil y militar para ser asesinados en un simulacro de enfrentamiento. Señala el letrado que este proceder "era habitual dentro del plan de desaparición física implementado por el Estado Nacional en la década del '70". "Específicamente, los sobrevivientes del dentro clandestino "La Perla", se refieren a la existencia de dos formas de eliminación de los detenidos, además de algunos casos que murieron producto de las torturas". Indica Arrieta que, según los sobrevivientes, "al inicio del funcionamiento del centro, los detenidos eran retirados de la cuadra en grandes camiones Mercedes Benz, presumiblemente hacia sitios más alejados del mismo predio, ocasiones en las cuales eran fusilados, luego quemados y enterrados". Posteriormente, comenzó a utilizarse lo que se conocía como "Operación Ventilador", que consistía en llevar a los detenidos, en poca cantidad, fuera del ámbito militar y en alguna zona desolada entre La Perla y esta ciudad "eran también fusilados". Según indica la acusación, luego de cometido este hecho, se hacía circular la versión "oficial" en la que se indicaba que "ante el ataque de delincuentes subversivos fuerzas de seguridad se habían defendido resultando aquellos abatidos en un supuesto enfrentamiento". Arrieta detalla que "esto tenía dos razones fundamentales, por un lado la necesidad de seguir justificando la existencia de la organización montada desde el poder público con la excusa de aniquilar la subversión y, por otro, la existencia de un 'pacto de sangre' instaurado en la región por Menéndez".
Que hechos se juzgan
Los hechos que juzgará el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Córdoba, se iniciaron el 6 de noviembre de 1976, cuando Humberto Brandalisis, fue secuestrado, aparentemente en la vía pública, tras retirarse de la vivienda de unos amigos, luego de compartir un asado, junto a su pareja Hilda Palacios. En horas de la noche del mismo día, en su domicilio fue secuestrada Palacios y ambos fueron trasladados al centro clandestino de detención "La Perla" (hoy Museo de la Memoria), que dependía del III Cuerpo de Ejército, a cargo de Menéndez.Por otra parte, ese mismo día, entre las 16 y las 17.15, fue secuestrado en su domicilio, Carlos Lajas, cuando se encontraba al cuidado de un sobrino pequeño, cuando la mujer regresó a la casa, se encontró con que su hermano no estaba, la puerta trasera de vivienda abierta y su hijo Marcelo en el cochecito con la mamadera aún tibia. Lajas también fue trasladado a "La Perla". El otro hecho que se debatirá será el del pintor Raúl Cardozo, que fue secuestrado por un grupo de tareas en la pensión que ocupaba, el 8 de noviembre de 1977. Desde sus detenciones, los cuatro fueron mantenidos en situación clandestina bajo condiciones
infrahumanas, además de sufrir torturas físicas y psíquicas. Según detalla la acusación, "los detenidos estaban vendados en forma permanente y eran obligados a permanecer acostados en colchones de paja ubicados en una cuadra, sin posibilidades de moverse y sin recibir atención médica ni sanitaria y con una alimentación deficiente". Más adelante el defensor de Cámara, Marcelo Arrieta, quien solicitó la elevación a juicio, detalló en su presentación que en "La Perla" existía una oficina "especialmente acondicionada" para la tortura física consistente en "violaciones, aplicación de corriente eléctrica (picana), inmersión en agua (submarino mojado) y la asfixia (submarino seco)". En la madrugada del 15 de diciembre de 1977, Brandalisis, Palacios, Lajas y Cardozo fueron retirados del centro clandestino de detención por personal civil y militar para ser asesinados en un simulacro de enfrentamiento. Señala el letrado que este proceder "era habitual dentro del plan de desaparición física implementado por el Estado Nacional en la década del '70". "Específicamente, los sobrevivientes del dentro clandestino "La Perla", se refieren a la existencia de dos formas de eliminación de los detenidos, además de algunos casos que murieron producto de las torturas". Indica Arrieta que, según los sobrevivientes, "al inicio del funcionamiento del centro, los detenidos eran retirados de la cuadra en grandes camiones Mercedes Benz, presumiblemente hacia sitios más alejados del mismo predio, ocasiones en las cuales eran fusilados, luego quemados y enterrados". Posteriormente, comenzó a utilizarse lo que se conocía como "Operación Ventilador", que consistía en llevar a los detenidos, en poca cantidad, fuera del ámbito militar y en alguna zona desolada entre La Perla y esta ciudad "eran también fusilados". Según indica la acusación, luego de cometido este hecho, se hacía circular la versión "oficial" en la que se indicaba que "ante el ataque de delincuentes subversivos fuerzas de seguridad se habían defendido resultando aquellos abatidos en un supuesto enfrentamiento". Arrieta detalla que "esto tenía dos razones fundamentales, por un lado la necesidad de seguir justificando la existencia de la organización montada desde el poder público con la excusa de aniquilar la subversión y, por otro, la existencia de un 'pacto de sangre' instaurado en la región por Menéndez".Mediante este pacto "cuanto mayor fuera la cantidad de personas involucradas, mayor la impunidad que se generaba al asegurar que ningún subordinado denunciara a otros". Finalmente señala que "la importancia" de los elementos reunidos a los efectos de esta causa es "probar que se trató de un plan, que como tal era organizado y perfeccionado, correspondiendo el análisis de cada caso particular con el fin de poder afirmar los hechos en relación a las víctimas y quienes son penalmente responsables por ellos".
Los acusados
Los acusados
En esta causa, según indicó la acusación, además de Menéndez, también están imputados el coronel (r) Hermes Rodríguez, el capitán (r), Jorge Acosta y el suboficial principal (r), Luis Manzanelli. También fueron acusados en el pedido de elevación a juicio, el suboficial principal (r), Carlos Alberto Vega, el suboficial mayor (r), Oreste Padován y lersonal civil de inteligencia (r), Ricardo Lardone.
Ultimas noticias. Las expectativas del juicio contra el represor.
Según las ultimas noticias del diario La Voz del Interior está demorado el comienzo de la primera audiencia, prevista para las 9.30. Menéndez y los otros siete imputados llegaron alrededor de las 8 a Tribunales Federales.
MENÉNDEZ. En el banquillo de los acusados (Fotomontaje Laura de Miguel/archivo La Voz).
El primer juicio por la represión en Córdoba arrancó minutos después de las 10.30 de hoy con la presencia de Luciano Benjamín Menéndez y otros siete acusados en los banquillos, para responder por el secuestro, tortura y homicidio de cuatro personas. La audiencia estaba prevista inicialmente para las 9.30, pero como ya se esperaba, hubo demoras debido al estricto operativo de seguridad que rodea desde las primeras horas de hoy a tribunales federales. "Les llegó la hora", gritó en medio de la audiencia uno de los familiares de víctimas de la dictadura presentes en la sala. El traslado de los ocho acusados culminó alrededor de las 8.05 a bordo de unidades sin identificación escoltadas por el Éter, el grupo especial de la Policía, según precisó a LAVOZ.com.ar el comisario mayor Mario Córdoba. Se estima que entre hoy y mañana se llevará a cabo la lectura de la acusación y que luego el tribunal, presidido por Jaime Díaz Gavier e integrado por los vocales José Vicente Muscará y Carlos Otero Álvarez, abrirán la ronda de testigos. La acusación corre por cuenta del fiscal Maximiliano Hairabedian, Graciela López de Filoñuk y Jorge Asís, mientras que los imputados, salvo Acosta, son patrocinados por los defensores oficiales Mercedes Crespi y Máximo Adriano Liva
Fuentes Utilizadas
Diario La Voz del Interior.
Diario La capital
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