En términos de políticas sociales, públicas o privadas, en planificaciones e intervenciones sobre problemáticas de una comunidad, la información es una herramienta imprescindible para la acción. Es vital tener conocimiento sobre una realidad para poder actuar en ella, para modificar sus características negativas o problemáticas, para potenciar las fortalezas y los logros, para movilizar y promover los vínculos y capitales sociales de la comunidad.
Esto es una obviedad en teoría, pero la práctica siempre es más compleja. Entre otros factores, el conocimiento sobre una realidad, depende siempre desde dónde se la mire, qué recorte se haga sobre esa realidad, qué limitaciones existen, qué marco previo de conocimientos se cuenta, con qué instrumentos y métodos se recolecta la información sobre la realidad y con qué objetivos se realiza esta acción.
Sabemos que todo conocimiento es una construcción en la que la interviene el sujeto, quien busca conocer. La realidad no es percibida pasivamente, el sujeto elabora una idea de esa realidad. Las lecturas de la realidad son siempre eso, lecturas, interpretaciones que no son neutrales, están cargadas de intención y posicionamiento político e ideológico.
Estas consideraciones o concesiones propias de las ciencias sociales no implican la tergiversación de la información, el sesgo intencionado y las prácticas ilegítimas para evitar la evidencia de ineficacia de una determinada intervención o gestión.
Como toda actividad humana, la recolección de información e interpretación de la realidad está también cargada por una ética que debe definirla y en el caso de las políticas de orden público, esta ética alcanza un rango de responsabilidad mayor, que incluye también la difusión de la información.
De esta manera funciona (debería funcionar) una gestión de políticas públicas. Pero en nuestros contextos la información toma otros destinos. El cajón, el corrector en los números vergonzosos o el cesto de basura son finales conocidos por muchas investigaciones (muchas de ellas imprescindibles para una mejor ciudadanía).
Ocultar información para evitar una publicidad negativa a una determinada gestión es un delito. Delito que alcanza carácter criminal cuando esa información detalla una realidad como la existente en la localidad de la Calera, donde según la información brindada por los medios de comunicación la semana pasada, unos 420 niños y niñas estarían afectados por una situación de desnutrición.
La investigación que arrojaba la información que se esparció rápidamente por medios locales y nacionales, dejando muy mal parada a la gestión local anterior y al ministerio provincial de salud, no era la primera que se realizaba. Según la noticia en La Voz “Este informe aparece como una referencia de un trabajo similar efectuado entre 2003 y 2004 por el Equipo de Salud familiar y comunitario, y que arrojó diagnósticos similares, que no fueron atendidos con profundidad por las autoridades locales (La Voz 25-01-08).” La réplica, los entredichos y los silencios no se hicieron esperar.
Entre idas y vueltas, los procesos comunicacionales funcionaron más para desinformar, para desacreditar, para instalar versiones contrapuestas en un contexto en el que todo discurso tiene un mismo valor de veracidad, que para trabajar en la verdadera trascendencia de la noticia.
Qué se puede mencionar, explicar o argumentar cuando teniendo información, que pinta una realidad crítica o grave, cuando además existen recursos en la comunidad y en la economía para transformar esa realidad, no se realizan esfuerzos dignos, no se toman posturas políticas claras, no se establecen prioridades humanas (vale más la imagen o la salud) y además (y en consecuencia), se oculta esa información.
Las personas organizadas que trabajan para promover las condiciones de vida de poblaciones excluidas, marginadas o con alto riesgo social, conocemos la cruel realidad que viven las familias no sólo de La Calera sino de distintos sectores de Córdoba.
La crítica situación económica de una importante población de La Calera, visible ni bien se circula por sus calles y las experiencias de los gobiernos que en general tuvimos a niveles locales, provinciales y nacionales nos llevan al menos a sospechar que los datos sino exactos, son al menos cercanos. En este contexto, la instalación de trascendidos, desautorizaciones y confusiones no son actos inocentes. Son demostraciones de impunidad y cinismo.
Esto es una obviedad en teoría, pero la práctica siempre es más compleja. Entre otros factores, el conocimiento sobre una realidad, depende siempre desde dónde se la mire, qué recorte se haga sobre esa realidad, qué limitaciones existen, qué marco previo de conocimientos se cuenta, con qué instrumentos y métodos se recolecta la información sobre la realidad y con qué objetivos se realiza esta acción.
Sabemos que todo conocimiento es una construcción en la que la interviene el sujeto, quien busca conocer. La realidad no es percibida pasivamente, el sujeto elabora una idea de esa realidad. Las lecturas de la realidad son siempre eso, lecturas, interpretaciones que no son neutrales, están cargadas de intención y posicionamiento político e ideológico.
Estas consideraciones o concesiones propias de las ciencias sociales no implican la tergiversación de la información, el sesgo intencionado y las prácticas ilegítimas para evitar la evidencia de ineficacia de una determinada intervención o gestión.
Como toda actividad humana, la recolección de información e interpretación de la realidad está también cargada por una ética que debe definirla y en el caso de las políticas de orden público, esta ética alcanza un rango de responsabilidad mayor, que incluye también la difusión de la información.
De esta manera funciona (debería funcionar) una gestión de políticas públicas. Pero en nuestros contextos la información toma otros destinos. El cajón, el corrector en los números vergonzosos o el cesto de basura son finales conocidos por muchas investigaciones (muchas de ellas imprescindibles para una mejor ciudadanía).
Ocultar información para evitar una publicidad negativa a una determinada gestión es un delito. Delito que alcanza carácter criminal cuando esa información detalla una realidad como la existente en la localidad de la Calera, donde según la información brindada por los medios de comunicación la semana pasada, unos 420 niños y niñas estarían afectados por una situación de desnutrición.
La investigación que arrojaba la información que se esparció rápidamente por medios locales y nacionales, dejando muy mal parada a la gestión local anterior y al ministerio provincial de salud, no era la primera que se realizaba. Según la noticia en La Voz “Este informe aparece como una referencia de un trabajo similar efectuado entre 2003 y 2004 por el Equipo de Salud familiar y comunitario, y que arrojó diagnósticos similares, que no fueron atendidos con profundidad por las autoridades locales (La Voz 25-01-08).” La réplica, los entredichos y los silencios no se hicieron esperar.
Entre idas y vueltas, los procesos comunicacionales funcionaron más para desinformar, para desacreditar, para instalar versiones contrapuestas en un contexto en el que todo discurso tiene un mismo valor de veracidad, que para trabajar en la verdadera trascendencia de la noticia.
Qué se puede mencionar, explicar o argumentar cuando teniendo información, que pinta una realidad crítica o grave, cuando además existen recursos en la comunidad y en la economía para transformar esa realidad, no se realizan esfuerzos dignos, no se toman posturas políticas claras, no se establecen prioridades humanas (vale más la imagen o la salud) y además (y en consecuencia), se oculta esa información.
Las personas organizadas que trabajan para promover las condiciones de vida de poblaciones excluidas, marginadas o con alto riesgo social, conocemos la cruel realidad que viven las familias no sólo de La Calera sino de distintos sectores de Córdoba.
La crítica situación económica de una importante población de La Calera, visible ni bien se circula por sus calles y las experiencias de los gobiernos que en general tuvimos a niveles locales, provinciales y nacionales nos llevan al menos a sospechar que los datos sino exactos, son al menos cercanos. En este contexto, la instalación de trascendidos, desautorizaciones y confusiones no son actos inocentes. Son demostraciones de impunidad y cinismo.
Fuentes y más información:
La Voz del Interior:
La Calera: detectan 400 casos de desnutrición infantil
Informe sobre desnutrición: ex intendente de La Calera justificó su gestión
El Gobierno revisará el informe sobre desnutrición infantil en La Calera
Página 12:
Desnutrición en La Calera
Indymedia:
Detectan 427 chicos desnutridos solo en la ciudad de La Calera, Córdoba
Red Andi:
Córdoba: realizarán nuevos estudios sobre desnutrición en La Calera
La Mañana:
Detectan 430 niños con desnutrición
La Nación:
Más de 400 desnutridos en Córdoba
Foto: La Nación - Irma Montiel
2 comentarios:
Una realidad cruel, plagada de errores y omisiones de los gobiernos de turno, una realidad cruel llena de impunidad.
Una verdad presente en los niños y niñas que cotidianamente conviven con la marginación, la pobreza y la invisibilidad social. Una politica de exclusión y desidia.
Muy interesante la nota y las fuentes utilizadas.
muy interesante la nota, breve y concisa, de uno de los temas que los gobiernos omiten y la sociedad desconoce y quiere desconocer.
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