Con un discurso cauto en cuanto a brindar precisiones sobre el futuro de su gestión, Héctor David, reciente ex ministro de Justicia de la provincia, prestó juramento ayer en la Legislatura como defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Además, ese poder del Estado designó con el voto afirmativo de sólo el oficialismo (los otros partidos se abstuvieron y Liliana Olivero, de Izquierda Socialista, votó por la negativa), a las dos defensoras adjuntas: María Irene Fernández y María Alba Navarro. Luego, les tomó juramento.
En diálogo con este diario, David reiteró la responsabilidad que trae aparejado ser titular de la primer defensoría del país que se pone en marcha en el marco de la ley 26.061, una normativa que estableció cambios en el modo de tratar y ver a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Además, tal vez por su origen justicialista, con una trayectoria de cargos legislativos y en el Ejecutivo, insiste en que representará en Córdoba a un órgano extra-poder con legitimación procesal, es decir, un órgano independiente que, a diferencia de la Defensoría del Pueblo, podrá interponer acciones en cualquier instancia o juicios.
–Se critica que la Defensoría, que tiene como una de sus funciones controlar al gobierno, está conformada por dos personas, usted y Fernández, de trayectoria en la militancia de un partido, con cargos políticos. ¿No son incompatibles esos antecedentes con un organismo extra-poder?
–Al contrario. En mi caso, he trabajado más de 18 años en el Poder Judicial, he trabajado en el Legislativo y en el Ejecutivo, lo que me da conocimientos de todos los poderes del Estado. En este sentido, en lo que hace a la función de contralor público, no vamos a tener ningún tipo de condicionamiento. Vamos a ser una herramienta que permita defender el interés supremo de los niños por sobre cualquier interés. Desde lo partidario, desde el mismo momento que fui designado, inmediatamente presenté la renuncia a todos los cargos.
–Al contrario. En mi caso, he trabajado más de 18 años en el Poder Judicial, he trabajado en el Legislativo y en el Ejecutivo, lo que me da conocimientos de todos los poderes del Estado. En este sentido, en lo que hace a la función de contralor público, no vamos a tener ningún tipo de condicionamiento. Vamos a ser una herramienta que permita defender el interés supremo de los niños por sobre cualquier interés. Desde lo partidario, desde el mismo momento que fui designado, inmediatamente presenté la renuncia a todos los cargos.
–Por ejemplo, existen denuncias de malos tratos en institutos donde se alojan niños. ¿A esas denuncias o, en caso de que haya otras parecidas, ustedes las van a promover?
–Por supuesto que sí, eso es una obligación como ciudadano, independientemente de la función que uno cumple. Nosotros no venimos a sustituir al Poder Ejecutivo, al Judicial, ni a las organizaciones, ni a un fiscal, ni a una madre. Planteamos una herramienta nueva que pretende ser la voz de los niños para ser oídos y ejercer sus derechos.
–¿Tiene pensado trabajar articuladamente con la sociedad civil?–Siempre hemos tenido una apertura muy importante. La participación ciudadana en un Estado democrático es importante. Será de acuerdo a cada nivel de programa y acción el nivel de coordinación. Pero no solamente desde el punto de vista de las asociaciones y ONG, que son muchas, sino también de las comunas. En estoy hay que sumar. A la mayoría las conocemos. Sumaremos no sólo a las ONG, sino también a los municipios, a la Nación. Donde tengamos la posibilidad de sumar respuestas y herramientas, ahí vamos a estar. Las funciones que prevé la ley son claras. Un error nuestro puede llevar a victimizar a una niña o niño.
–Muchas veces, más allá de lo que dice la ley, a las instituciones las hacen las personas. Por eso es interesante saber su postura sobre la participación ciudadana.
–La decisión política es de trabajar con las ONG, con la sociedad civil, en la medida en que coincidamos con los objetivos que están en la normativa: el único requisito es que por encima de cualquier interés sectorial esté el interés de los niños.
–¿Cree que también logrará trabajar con el sector de la sociedad civil que rechazó su designación?
–Sería muy triste vivir en una sociedad con pensamiento único. He trabajado con más de 60 instituciones de la provincia. No me preocupan las diferencias, porque de ellas surgen enriquecimientos; me preocuparía que todos pensaran igual. No me preocupan diferencias de origen, en este caso, la designación. Lo que hay que tratar ahora es que esta herramienta que hoy se pone en marcha en la provincia sea en beneficio de los niños, independientemente de quienes circunstancialmente tengamos las responsabilidades.
–¿Cuáles son las tareas inmediatas?
–Tenemos que arrancar de cero, no tenemos todavía ni un lugar físico. Aprovecharemos enero para poner en funcionamiento la Defensoría.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/defaultak.asp?edicion=/07/12/27/
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/defaultak.asp?edicion=/07/12/27/
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