El caso de Verónica pone en evidencia lo vulnerable que se sienten las personas con discapacidad a la hora de requerir un medio de transporte público. Por el año electoral, Inadi Córdoba recibió un aluvión de denuncias por cuestiones ideológicas, pero los casos por discapacidad ocuparon el segundo lugar en la provincia y el primero a nivel nacional. La marginación que sufren estas personas en los medios de transportes públicos es una de los motivos más frecuentes de denuncia, comenta la delegada local de Inadi, Adriana Domínguez.
Como cuenta la abogada Julia Reartes, abogada de la ONG Acceso Ya, existe un profuso marco legal que defiende los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, quienes conocen estos derechos quieren que se cumplan. Sin embargo, no todas las personas saben de ellos y hay algunas a las que les invade la resignación.
No es el caso de Verónica, quien también trabaja en Acceso Ya. Esta vez prefirió no denunciar a la remisería. “Siempre se han portado bien conmigo”, reconoce. Reartes agrega: “Esto demuestra que es una cuestión de sensibilidad individual. A pesar de que la empresa cumple con la ley, hay personas que trabajan allí que no lo hacen”.
Verónica, 33 años, sufrió un accidente “hace mucho”. Nada de eso le impidió seguir con su vida. Trabaja en el Centro Cultural España Córdoba y hace cursos de arte. “A veces tengo que tomar seis remises en un día. Es mucho dinero”, cuenta. “No recibimos ningún descuento en el transporte cuando por ley la obra social se debe hacer cargo”, comenta. Leyes sí, controles no. La ordenanza del transporte público municipal prevé que los colectivos, taxis y remises deben adaptarse para que las personas con movilidad reducida puedan utilizar estos servicios. También regula el trato y la capacitación que los choferes deben recibir para acompañar a las personas en estas situaciones.En la actualidad, sólo 10 colectivos de la flota de las tres empresas están adaptados y apenas 117 taxis de los cinco mil. Verónica entiende que estos servicios no sirven: “Los taxis que tienen las obleas de accesibles no paran. No se sabe si es porque no tienen ganas o porque realmente no reúnen las condiciones. Los colectivos adaptados son muy pocos, tienen una frecuencia muy baja y los fines de semana no funcionan”.
La ley 22.431, sus modificatorias y las adhesiones municipal y provincial especifican las medidas que deben tomarse para adaptar el transporte público. “Piso antideslizante, plataformas de acceso, espacios para depositar muletas y sillas ruedas, entre otros puntos”, enumera Reartes. Y aclara: “Hace a la accesibilidad no sólo de personas con discapacidad, sino de la gente que por diversos motivos tiene movilidad restringida: ancianos, embarazadas, madres con hijos pequeños”. Según la abogada, el marco legal es propicio y respetuoso de las personas con discapacidad, pero lo que fallan son los mecanismos de control y de cumplimiento de estas leyes. “El problema es la falta de capacitación de los choferes y que no se sabe quién controla el cumplimiento de estas normativas”, coincide Verónica.
El resultado: tomar un taxi en lugares céntricos es imposible y cuando ocurre hay que lidiar con el chofer para que la ayude a subir. “Es una situación de estrés”, reconoce. Por momentos, a Verónica le invade la resignación. “A veces, uno mismo piensa que la persona que te ayuda lo hace de buena onda, pero en realidad es su obligación”, insiste.
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