Conseguir el certificado de discapacidad, una odisea en Buenos Aires

Compartimos con ustedes un nota publicada ayer en el diario Clarín sobre las condiciones, inapropiadas, que la persona con discapacidad debe sortear para obtener el certificado de discapacidad y de esta manera poder hacer valer sus derechos reglados por la ley 22.341.
Si bien este artículo periodístico refleja los obstáculos ,burocráticos y edilicios ,que se vive en la ciudad de Buenos Aires, esta situación de desantención es una realidad social y cultural que se padece en otras dependencias públicas del resto del país.

Sirve para hacer valer los derechos reglados en la Ley 22.341, como por ejemplo el acceso gratuito al transporte público. Pero quienes piden un turno hoy para ser examinados por la junta médica del Servicio Nacional de Rehabilitación sufren demoras de hasta seis meses. Al retraso, se suma un edificio inapropiado y la falta de ambulancias para atender a domicilio a quienes no pueden movilizarse. Cómo se vive una mañana en Ramsay 2.250, sede del organismo habilitante.

"Sólo se permite el acceso peatonal", avisa el cartel que cuelga del portón de entrada al predio del Servicio Nacional de Rehabilitación. Paradójicamente, éste es el organismo que se encarga de acreditar los distintos tipos de discapacidades, incluidas las motrices, que sufren dificultades para caminar. La entrada a la sala de espera, un amansadero que puede durar horas hasta llegar a la junta médica, posee rampa, pero el pasillo es demasiado estrecho para transitarlo en silla de ruedas. Entre otras falencias, tampoco existe un letrero que les indique a los sordos e hipoacúsicos que, por fin, ha llegado su turno.

Pero, tal vez, más inconveniente que lo inapropiado de las instalaciones, sea el tiempo que hay que esperar para ser examinado por los médicos del lugar. Según Elizabeth Aimar, coordinadora general de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), el promedio es de seis meses. El retraso implica que durante ese tiempo no se podrá acceder a los beneficios que brinda la Ley 22.341, entre los que se encuentran: 100% de cobertura de las obras sociales, acceso a asignaciones familiares, uso gratuito de medios de transportes y permiso de estacionamiento en zonas restringidas.

Fuente: http://wwww.clarin.com/diario/2007/07/04/um/m-01450663.htm

Periodista: Lucía Bertotto