Ayer la Legislatura se adhirió a la ley nacional 26.061 que supone un cambio radical para los derechos de la infancia.
Con el voto unánime de la Legislatura, pero con críticas de los propios legisladores de la oposición y de organismos sociales presentes, finalmente Córdoba cuenta con una normativa provincial que adhiere a la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061).
La ley 26.061 busca, entre otros objetivo, aplicar políticas sociales de prevención para evitar la intervención judicial e institucionalización de los chicos.
Para que ello se haga efectivo, la ley provincial establece un plazo de hasta dos años para que el Poder Ejecutivo y el Judicial adopten las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la ley. El fundamento de ese lapso es que los cambios necesarios son arduos y se realizarán en forma gradual.
Mientras tanto, se podrán implementar políticas públicas que respeten el fin de la normativa nacional. Por ejemplo, con lineamientos y subsidios de la Nación, se lanzará en Córdoba el Programa Volver a Casa para que niños institucionalizados regresen a sus hogares.
Según el artículo 33 de la ley nacional, en caso de amenaza o violación de los derechos del niños, será el "órgano administrativo competente local" –y no los jueces– el que debe tomar medidas de protección para los niños. Y, sigue el artículo, la falta de recursos materiales de la familia de los niños no autoriza su institucionalización.
En ese sentido, la legisladora María Fernanda Leiva (Frente Nuevo) expresó: "No hay posibilidad cierta de aplicar la ley nacional sin los organismos administrativos que tomen las medidas que terminen con la institucionalización de los niños".
En las gradas de la Legislatura, representantes de organismos sociales que habían presentado un proyecto de ley alternativo aprobaron con aplausos la intervención.
A este planteo, Alejandra Vigo (Unión por Córdoba), defensora del proyecto presentado por el Ejecutivo provincial que finalmente se transformó en ley, respondió: "Debemos dejar que la ley camine para que en este proceso de adaptación podamos crear esos organismos".
"Seguiremos buscando espacios de debate que incluyan la participación de la sociedad y trataremos de incidir en el diseño de políticas públicas de la infancia para que se creen organismos de promoción y protección así como un fondo especial para que se aplique la ley nacional", manifestó Andrea Marrone, presente en la Legislatura y promotora del proyecto alternativo.
El defensor. En definitiva, el único organismo que crea expresamente la normativa provincial –en consonancia con la nacional– es la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La crítica de la oposición se centró en especial en nombramiento del defensor: lo designa el Poder Legislativo a propuesta de una terna elevada por el Poder Ejecutivo provincial.
Fuentes legislativas y de la Secretaría de Justicia coincidieron en que todavía no se conoce el nombre del defensor pero que tendrá un perfil técnico-profesional. Además, no habría novedades en los próximos meses ya que se lo nombraría luego de que se designe al defensor nacional.
El defensor, a diferencia del defensor del Pueblo, podrá interponer acciones en juicios para la protección de los derechos de los chicos. Además, durará en su cargo cinco años y deberá acreditar idoneidad y especialización.
Fuente.http://www.lavoz.com.ar/07/06/07/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=79106
No hay comentarios.:
Publicar un comentario